Este viernes, transportistas que laboran en las minas de Zimapán ofrecieron una conferencia de prensa para solicitar la intervención del gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el asedio de un sindicato mexiquense que se registra desde el pasado 25 de agosto.
Según los denunciantes, presuntos integrantes del Sindicato del Cemento bloquearon las vías de acceso a las zonas de explotación minera, impidiendo la continuidad de sus actividades laborales.
Los representantes de seis cooperativas de transporte señalaron que este organismo está liderado por José Neri Ortega Blancas, quien, según ellos, llegó al lugar en helicóptero con sujetos portando armas de uso exclusivo del Ejército.
Denunciaron que él y su grupo los han amenazado e intimidado, lo que los ha llevado a pedir la intervención directa de las autoridades, especialmente de la Secretaría de Gobierno, con quienes, afirman, han tenido acercamientos en dos ocasiones sin obtener respuestas efectivas.
En sus declaraciones, los afectados expresaron que incluso han recibido amenazas directas y aseguraron que los sindicalistas han puesto precio a sus cabezas. Por ello, exigen que Menchaca Salazar y, de ser necesario, Sheinbaum Pardo, tomen cartas en el asunto para resolver el conflicto.
A este llamado se sumaron Homero Vega y José Carlos Bravo, directores de las empresas Preisan y Carrizal Mining, quienes respaldaron a los choferes, destacando que llevan entre 12 y 20 años trabajando de manera pacífica con ellos. Ambos manifestaron su apoyo total ante la situación.
Informaron que, debido a la falta de garantías de seguridad, se han visto obligados a detener las labores en las minas, lo que genera pérdidas económicas de cientos de miles de dólares diarios. Por ello, urgieron a las autoridades a intervenir rápidamente para restablecer las actividades laborales.
Aunque los transportistas aseguraron ser personas pacíficas, admitieron que temen por su seguridad y la de sus familias. Aunque evitarán formar grupos de autodefensa, no descartan esta medida en caso de que sea absolutamente necesario para protegerse.
Finalmente, responsabilizaron a Alejandro Sánchez Arteaga y Lucina Ramírez, comisariados de San Pedro, de facilitar la entrada del sindicato mediante la cesión de ejidos. Señalaron que esta agrupación utiliza dicha representación para justificar su presencia en la zona.
Como parte de su protesta, cerca de 100 vehículos provenientes de Zimapán se trasladan desde la mañana a Pachuca, buscando un diálogo directo con el mandatario estatal y con la advertencia de bloquear diversas vialidades para ser escuchados.
