Redacción
El escándalo que rodeó hace unas semanas la asignación de notarías durante el término del sexenio de Francisco Olvera podría encontrar un final, y es que el diario Criterio publicó este lunes una entrevista con el coordinador jurídico del Gobierno de Hidalgo, Roberto Rico Ruiz, en la que se comprometió a proceder penalmente si se acredita que hubo alteración de la convocatoria.
El periodista Axel Chávez recuerda que el presunto conflicto de intereses se descubrió cuando fue revelado el archivo que integraba la edición del 4 de julio de 2016, en el tomo CXLIX, número 28, alcance 4 del Periódico Oficial del Estado (POEH), el cual fue posiblemente creado 43 días después, “lo cual implicaría la alteración de pruebas cuando está en curso un amparo (1070/2016) por presunto conflicto de interés en la designación de nuevos fedatarios; no hay investigación contra el director del ese organismo, Gustavo Córdoba Ruiz, quien fue subalterno de Mario Souverbille González, otrora abogado del Poder Ejecutivo que fue beneficiado con una patente”, señala en la entrevista.
Al ser cuestionado al respecto, Rico Ruiz dijo: “Si fue acción que se realizó de forma inadecuada, habrá sanciones, y el juez de distrito tendrá que analizar quién, en este momento, fungía en esa responsabilidad.
“Yo no puedo considerarlo (para que sea investigado) ni dejarlo de considerar. Hay un órgano de control interno que, en determinado momento, a conocimiento de alguna irregularidad, tiene que entrar”, cita el medio.
Ante Axel Chávez el coordinador jurídico del gobierno estatal justificó al apuntar: “Yo ahora, como titular del área, no puedo tener un elemento de soporte que me pueda decir ‘voy a pedirle al órgano de control interno que realice una investigación’. No hay los elementos. Tenemos que esperar el desahogo de esa pericial (para corroborar si los documentos fueron elaborados en fecha posterior a la que presentan) y, después, si (la responsabilidad) atañe al director del periódico oficial”.
Agregó que por ahora prevalece la presunción de inocencia que establece la Constitución.
“Si se publicó a destiempo será el juez de distrito quien tenga que certificar si hay responsabilidad”, le confió el funcionario al periodista.
La polémica se alimentó en días pasados, ya que durante cinco días, del 31 de marzo al 4 de abril, estuvieron deshabilitados los servidores del diario oficial de Hidalgo, lo cual se manejó como un posible impedimento para la investigación que al respecto se realiza. Ante ello, Roberto Rico aseguró que esta no disponibilidad del sitio se debió al “cambio de instalaciones, de la calle Jaime Nunó a la de Matamoros, en Pachuca”.
Axel Chávez menciona que el abogado Julio Gálvez Bautista, quien interpuso el amparo 1078/2016, señaló que en ese lapso el perito en informática Noé Castro Calva debía elaborar el dictamen sobre la posible modificación relativos a notarías.
En respuesta, Roberto Rico dijo: “Pudiera prestarse a cuestiones de que hay alguna anomalía, pero sí quiero ser claro en algo: es falso que se afirme que porque estuvo inhabilitado el servicio no se pudo llevar a cabo la pericial. La audiencia se difirió porque el perito informó (al Juzgado Cuarto de Distrito de Pachuca) que todavía no tenía listo su dictamen. No es una causa tangible al periódico oficial, sino al perito que se designado”.
Brevemente, el periodista recuerda a los actores involucrados en el presunto conflicto de intereses:
- Alejandro Straffon Ortiz y Juan Manuel Menes Llaguno, aún como procurador y presidente del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente, quienes recibieron patentes 15 días antes del término del quinquenio anterior.
- Eden Khadaffy Cornejo, hijo de Luciano Cornejo Barrera, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -número 16 del distrito judicial de Tula-.
- Rolando Durán Rocha, que fue subsecretario de Educación Superior y Media Superior, en la notaría 2 en Huejutla.