Genoveva Martínez
La diputada panista Gloria Romero León exhortó a sus compañeros para investigar la enajenación ilegal de superficies destinadas para donación, como jardines, vialidades o zonas ecológicas, la cual ha sido denunciada por los ciudadanos.
Explicó que hay varios terrenos que el gobierno del estado ha adjudicado a particulares a precios irrisorios, sin que exista evidencia de haber sido legalmente desincorporados del dominio público, tal como lo establece el artículo 3 de la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo.
Como un ejemplo mencionó el fraccionamiento Valle de San Javier, el cual obtuvo su autorización en 1980, donde establecía las superficies de donación, vialidades y lo vendible; sin embargo, en 2011, la Notaría Pública Número 18 atestiguó un contrato de compraventa entre el gobierno estatal y algunos particulares, respecto a algunas secciones de las áreas de donación destinadas para jardines del Fraccionamiento Valle de San Javier, a precios que no corresponden al valor catastral de la zona.
Además, dijo la diputada, en dichos contratos menciona que no existe anotación relativa que establezca sobre dicho inmueble, provisiones, destinos, usos o reservas que limiten el dominio del predio objeto del presente contrato, es decir, a los predios pueden darle el uso que más convenga al comprador.
“No debe pasar desapercibido que estas compraventas están afectadas de nulidad, la cual no prescribe, ya que al momento en que Valle de San Javier le donó los jardines al estado de Hidalgo, esos bienes inmuebles pasaron al dominio público, por lo que éstos no pueden ser adquiridos por terceros de conformidad con la Constitución y el artículo 13 de la Ley de Bienes del Estado”, explicó.
La legisladora reconoció que este caso no es único, pues se suman los casos del Fraccionamiento Bosques del Peñar, donde se han asentado diversos negocios en áreas de donación; las áreas verdes del Fraccionamiento CTM de Mineral de la Reforma, convertidos en lotes para la compraventa de automóviles, o bien el intento de desarrollar un complejo habitacional denominado “Punta del Este” en zonas de reserva ecológica, así como la venta ilegal de espacios comunes en Tepeapulco.
