A pesar de que la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el miércoles, ordena otorgar el amparo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también se hizo el reconocimiento de que, al ser un organismo sujeto del Sistema Nacional Anticorrupción y el hecho de fiscalizar los recursos públicos no atenta contra su autonomía, sí debe rendir cuentas.
Por ello, el Congreso del Estado deberá emitir una norma en la que se cumpla textualmente lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando refiere que: “Esto no significa que la Universidad pueda llevar a cabo un ejercicio arbitrario y desmedido de sus funciones de autogobierno puesto que su conducta habrá de estar sujeta al estado de derecho y a los mandatos de la Ley Fundamental”, de modo que, aduce la Corte, existirá un equilibrio que permita que el Estado realice las fiscalizaciones de recursos públicos a que se refiere el Sistema Nacional Anticorrupción que mandatan la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sin poner en riesgo la autonomía universitaria.
