Ya se han judicializado siete carpetas de investigación y un total de once personas están vinculadas a proceso por el delito de violencia política en razón de género; una más está por llevarse a la instancia judicial en la entidad.
En los ayuntamientos de Tulancingo, Tlaxcoapan, Tepeapulco, Zimapán, entre otros, es donde se han denunciado estos hechos, y las víctimas en su mayoría son mujeres, de acuerdo con Sergio Zúñiga Hernández, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo.
Luego de la aprobación en el Senado de la República y el Congreso de Hidalgo de la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia, que impide a personas violentadoras y sentenciadas por delitos como agresiones, violencia sexual y deudores económicos, inscribirse como candidatos a un cargo de elección popular, para el fiscal esta medida es positiva porque suma para evitar que personas agresoras accedan a una candidatura.
“Desde tiempo atrás tratamos de impulsar el tema de violencia política en razón de género. Hoy con la reforma tendremos mejores legisladores y servidores públicos que no busquen evadir y entiendan que su responsabilidad de no violentar a ninguna candidata a puesto de elección popular, sea para gubernatura, la diputación federal o local, presidenta municipal, regidora, síndica o cualquier otro cargo”, expresó.
Para el funcionario esta legislación ayuda de manera local, pues recordó que Hidalgo es uno de los estados donde se tienen más denuncias por violencia política en razón de género.
“Llevamos siete carpetas de investigación judicializadas que involucra a once servidores públicos y en días próximos se judicializará otra carpeta de investigación más”, dijo, y recordó que desde el año 2020 el delito de violencia política en razón de género este delito ya está tipificado.
Destacó que en los expedientes hay denuncias interpuestas en contra de regidoras, regidores, síndicas y presidentes municipales que están en el ejercicio del encargo.