Entre los temas que trascendieron la semana pasada -pero vale mucho la pena retomar- está la postura que emitieron las magistradas del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo, María Luisa Oviedo Quezada y Mónica Mixtega Trejo, sobre legislar la violencia política de género como agravante de un delito, motivadas por el hecho de que tipificar la propia conducta acarrearía problemas de comprobación e integración en la tipificación.
Debemos hacer un amplio reconocimiento a Oviedo Quezada y Mixtega Trejo, que de forma profesional han emitido un juicio como eruditas en la materia, sin apasionamientos domingueros para robar primeras planas dejándose llevar por la corriente, además de que su trayectoria las avala.
Ellas encajan perfectamente en el rubro de mujeres a las que deberíamos ver más seguido en primeras planas o hasta como candidatas en 2018, porque su capacidad no sólo amerita reconocimiento sino ser aplicada en pro de la ciudadanía.
La violencia política de género en el estado se ejerce en más de una forma, al grado que ha llegado a ser una cuestión de costumbre en pasillos políticos y un “derecho” inherente de algunos funcionarios; la realidad es que para combatirla no sólo hay que denunciarla sino reconocer el ejercicio profesional de mujeres como las magistradas antes mencionadas.
Hidalgo necesita perfiles femeninos que valgan la pena; sin embargo, tendremos que esperar a que esto pueda suceder en el caso de las magistradas, ya que están inhabilitadas para contender por cargos de elección popular durante algunos años como garante de parcialidad en su trabajo respecto a partidos políticos. Pero no se descarta que, más adelante, debido a su perfil, puedan ser consideradas para diversas posiciones políticas.
