En un esfuerzo por asegurar un cambio de gobierno ordenado y transparente en las administraciones municipales, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, a través de la Secretaría de Contraloría, a cargo de Álvaro Bardales, implementa un riguroso proceso de auditoría y acompañamiento.
Esta medida busca garantizar la correcta administración de los recursos públicos, fortalecer la rendición de cuentas, al tiempo que se gestiona una transición eficiente y ordenada.
Actualmente, la Secretaría de Contraloría brinda apoyo directo a los municipios de Atitalaquia y Tecozautla en la integración de la información relativa a la entrega-recepción de obra pública, recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales.
Las principales áreas de supervisión incluyen asegurar que todas las obras de 2023 estén concluidas, verificar que los municipios tengan la solvencia financiera adecuada para el cierre del año 2024, evitar la autorización de bonos o recursos para conceptos no aprobados en las partidas presupuestarias y prevenir movimientos de personal que pudieran derivar en juicios laborales que afecten el patrimonio municipal.
La dependencia busca que se cumpla con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los Códigos de Ética y Conducta.
A su vez, las auditorías en curso evaluarán el uso de recursos en los municipios de Tlaxcoapan, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma y Apan, lo cual abarca fondos administrados durante 2022, 2023 y el primer semestre de 2024. Estos exámenes consideran las reincidencias de observaciones y quejas ciudadanas.
De igual forma, se notificaron observaciones a varios municipios, incluyendo a Tula de Allende, por 93 millones 398 mil pesos; Atitalaquia, por 23 millones 973 mil 832.62 pesos; San Agustín Tlaxiaca, por 4 millones 425 mil 630.60 pesos; y al DIF de San Salvador, por 26 mil 290.34 pesos.
Estas incluyen irregularidades en operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales, falta de documentación comprobatoria, facturación cancelada, subejercicio de recursos y adquisiciones improcedentes.
En el municipio de Ajacuba se detectó un monto no solventado de 41 millones 725 mil pesos durante las auditorías de 2022 y 2023. Se le solicitó al Titular del Órgano Interno Municipal que proceda conforme a derecho y que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos responsables de las irregularidades encontradas.
