Ante los hechos ocurridos en las inmediaciones de la planta industrial de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., trabajadores, jubilados y asociados han solicitado la intervención del Ejecutivo estatal para encontrar una solución pacífica y justa al conflicto en el que se encuentran.
En respuesta a la solicitud, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, junto con otras autoridades, visitó la planta y sostuvo una reunión con los afectados. Durante el encuentro, expresó: “Nos interesa la paz y tranquilidad social. Queremos prevenir situaciones trágicas y encauzar el diálogo para encontrar una solución equitativa y justa”.
También señaló la importancia de lograr un acuerdo mediante la voluntad de las partes involucradas, indicando que el objetivo es trabajar para llegar a un entendimiento que permita restablecer la actividad de la planta, beneficiando tanto a los trabajadores como a las comunidades perjudicadas.
Resaltó que la transparencia en el proceso es esencial para asegurar que este problema se resuelva, subrayando que su interés no es intervenir en temas litigiosos entre particulares, sino proteger los derechos de los trabajadores y la población.
En entrevista, Olivares Reyna manifestó que, en virtud del tiempo transcurrido, “por derecho humanitario, en un sentido de aportar, el sentimiento que nos une como mexicanos, esta cooperativa, que fue orgullo de muchas generaciones, no puede seguir en la discordia permanente. Tenemos que encontrar el punto conductor que nos lleve a la solución de este conflicto”.
En su participación, uno de los comisionados de la Cooperativa Cruz Azul, Gilberto Maya Segovia, expresó la importancia de la lucha que los trabajadores han asumido para defender su fuente de empleo y el legado de sus padres y abuelos.
“Las personas, los compañeros que están aquí reunidos, lo hacen por convicción, por un sentido de identidad y pertenencia. No sólo estamos defendiendo nuestras instalaciones, también el futuro de nuestras familias y nuestra comunidad”, afirmó.
Maya Segovia destacó que la relevancia de la defensa de la empresa va más allá de los intereses particulares, ya que tiene un impacto directo en la estabilidad económica y social de la región.
“Nos hemos visto obligados a asumir costos que no deberían haber recaído sobre nosotros. Hemos soportado riesgos y enfrentado la violación de nuestros derechos al trabajo, a la salud y a la educación. Por eso solicitamos el apoyo necesario para restaurar la paz social y la estabilidad económica que esta empresa ha brindado a tantas familias”, indicó.
La economía de la localidad está colapsada
Carlos Valverde Aranda, también comisionado, destacó la grave situación que atraviesa la comunidad tras dos años sin energía eléctrica: “Llevamos dos años sin operar y sin generar economía para la zona. Esto ha provocado que casi una cuarta parte del municipio esté colapsada. Hablamos de 25 mil personas afectadas directamente, de una población total de 120 mil”.
Valverde Aranda agradeció el apoyo y la presencia de las autoridades, así como la comunicación que han mantenido con la administración estatal: “Sabemos que, a pesar de la distancia, hemos tenido contacto con el gobierno y nuestro gobernador, quienes han sido informados de los problemas económicos que esta situación ha generado”.
Cabe destacar que desde el 17 de agosto de 2022, el suministro de energía eléctrica a la planta fue cortado, lo que derivó en una severa crisis económica, afectando no sólo a los empleados, sino a alrededor de 25 mil personas de nueve comunidades cercanas que dependen directa e indirectamente de las operaciones de la planta.
