Redacción
El juez federal Julián Ercolini resolvió este martes procesar a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y le embargó bienes por 10 mil millones de pesos (unos 600 millones de dólares), y la encausó, sin pruebas, por integrar una supuesta asociación ilícita con otros funcionarios que habrían entregado fondos para obras públicas con preferencias al empresario Lázaro Báez, actualmente detenido.
Ercolini procesó asimismo al ex ministro de Planificación e Infraestructura Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López, ya detenido.
Según importantes analistas locales atribuyen la acción de Ercolini a grupos que nunca perdonaron a Fernández por disolver la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a fines de 2015. Algunos agentes formaban parte de la dependencia desde tiempos de la dictadura y fueron destituidos por la ex mandataria por motivos de corrupción, conducta mafiosa y relaciones con agencias extranjeras como la estadunidense Agencia Central de Inteligencia y el Mossad israelí.
La exmandataria que ha denunciado desde hace tiempo “persecución política, jurídica y mediática” contra ella y ex funcionarios de su pasado gobierno, pedirá la anulación de esta causa sin pruebas, como otras; y recordó a Ercolini, que la pasada dictadura había formado una “asociación ilícita,” para perseguir, secuestrar y matar, como se determinó en los juicios de lesa humanidad.
Esto sucede tras la renuncia del ministro de economía Alfonso Prat-Gay y cuando acaba de aparecer una nueva empresa Offshore -la número 50; esta vez en Estados Unidos- que pertenece al presidente derechista Mauricio Macri, en otro intento de “encrubrir” la grave crisis.
Ercolini aliado abiertamente al gobierno, sobreseyó la semana anterior el juicio a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, al gerente general de ese poderoso grupo monopólico, Héctor Magnetto y a Bartolomé Mitre del diario La Nación en una causa de lesa humanidad, por haber comprado la empresa Papel Prensa bajo extorsión durante dictadura a sus dueños, quienes fueron secuestrados, torturados y llevados a centro clandestinos de detención.
La causa que investiga Ercolini contra Fernández se refiere a supuestos acuerdos irregulares de la obra pública en la provincia de Santa Cruz asegurando que la ex mandataria favoreció a Lázaro Báez, además acusado en otra causa por presunto lavado de activos.
