La zona centro de Hidalgo está integrada por Pachuca y Mineral de la Reforma, y la vida cotidiana se complica por la distinción de sus límites geográficos. Claro está que no siempre fue así, pero la explosión demográfica combinada con la migración por cuestiones diversas creó la mancha urbana hidalguense.
Recientemente hemos podido notar un despunte del crimen, que ha creado en la ciudadanía una percepción de inseguridad y reproche a las autoridades encargadas del tema, reacción bastante lógica.
El problema puede ser observado desde diferentes aristas, como cualquier otra situación; sin embargo, ha sido pasado por alto un pequeño detalle que a pesar de su notoriedad parece no preocuparle a nadie: el incremento de personas con oficios francamente informales, y en algunos casos la petición de donativos económicos simplemente.
Este particular tema posee una extensión tan amplia como personas haciendo malabares en los semáforos, limpiaparabrisas, vendedores de dulces o similares (niños entre ellos), vendedores de baratijas en las calles, personas apostadas en esquinas pidiendo donativos, cuidadores de coches y los populares “viene-viene”.
Lo preocupante de este sector de la población radica en que en su mayoría son foráneos, y presentan conductas arraigadas en la Ciudad de México, que en muchos casos han devengado en delincuencia. Si bien es cierto que una generalización podría ser exagerada y peligrosa, pues tampoco intentamos por ningún motivo ejercer o alentar alguna conducta intolerante, también lo es que la propia construcción social de esos grupos no siempre alberga las mejores intenciones.
Comenzó a darse un incremento en la presencia de estos grupos informales durante los años noventa, cuando el inquilino de Casa Rule era Juan Manuel Sepúlveda Fayad, quien en ejercicio de sus funciones y obligaciones decidió a través de la instancia del DIF municipal hacer un análisis de las circunstancias de cada individuo en cuestión, buscando desintegrar ese tipo de sociedades que pueden albergar distintas conductas.
De esa forma se vislumbró de forma casi inmediata la desaparición de esos grupos que tardaron años en volver a arraigarse en la cotidianidad, pero que lamentablemente desde los cambios de administración encontraron en Pachuca y Mineral de la Reforma un lugar perfecto para habitar y ampliar sus filas.
Aquí debemos evaluar la necesidad de contrarrestar este tipo de modelos sociales que facilitan la integración de originarios de la Ciudad de México a nuestro estado. Si bien es cierto que existe la libertad de tránsito como derecho constitucional, también lo es que las autoridades están obligadas a detectar este tipo de despuntes poblacionales que claramente alteran las formas de vida.
Los grupos cada vez más grandes que se postran en diversos sitios de la mancha urbana capitalina en ocasiones se encuentran en estado inconveniente o muestran cierta agresividad hacia la ciudadanía a cambio de unas monedas, pero ninguna autoridad ha mostrado el más mínimo interés en cuestionar si se trata de conductas que podrían caer en la realización de un ilícito o si es necesaria su reinserción en centros de rehabilitación o si necesitan apoyo de trabajo social.
Mientras todo esto pasa a expensas de las autoridades –sobre todo municipales-, cada vez se convierten en conductas más sospechosas por su posible relación con el incremento de robo de vehículos y a casa-habitación.
No bastante con la situación caótica en sí, debemos añadir que se ha previsto que en poco tiempo la monstruosa mancha urbana que engloba la Ciudad de México y el Estado de México llegue a conectarse directamente con Pachuca y Mineral de la Reforma, lo cual es terriblemente preocupante.
Contemplando esta latente posibilidad es que se deberían redoblar esfuerzos –en este caso hacer el trabajo mínimo necesario- para obstaculizar el incremento de incidencia delictiva, así como detectar los posibles factores detonantes y así dejar de ser una posibilidad bastante aceptable para aquellos que quieran emigrar a un estado de liviana seguridad.
El arraigo social es vital cuando se trata de seguridad, pues nos reconocemos en el entendido de que somos parte de este lugar y por tanto nos importa a todos. En el caso de las autoridades de todos los niveles, se trata de su obligación pero también de ser parte de este tejido social que se resguarda bajo el nombre de Hidalgo.
Pero sin lugar a dudas la mayor responsabilidad recae en los alcaldes: Yolanda Tellería y Raúl Camacho, pues fue con ellos con quienes se dio el mayor incremento y quienes son los primeros obligados en establecer algún tipo de plan a seguir para combatir el enquistamiento de estos grupos potencialmente delictivos.
Estaremos a la espera de que dichos gobernantes decidan encarar su responsabilidad y trabajar en ello.
