La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de suscribir el lenguaje inclusivo en la Constitución, atiende no a una condición cosmética o de maquillaje político, se trata de un cuestionamiento de forma y fondo sobre la estructura de poder masculina y la negación a la equidad sustantiva de género, de la cual existen condiciones enquistadas en el contrato social.