Aunque el gobierno federal se mantiene en que su postura de “abrazos, no balazos” es la mejor estrategia para combatir la inseguridad, los números nos muestran que en los tres años y medio de este gobierno la delincuencia ha crecido lo mismo en ciudades chicas y grandes, al grado que las estadísticas en materia de homicidios hoy han superado los registros de los más recientes gobiernos priistas y panistas.
Lo anterior lleva a asegurar que hoy México está convertido en el mercado criminal más grande del mundo y la cuarta nación más afectada por la criminalidad, lo cual ilustra las deficiencias y debilidades, principalmente en el de justicia penal, así como el aumento de la corrupción, al tiempo que se muestran los niveles de resistencia del crimen organizado en este país.
De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2021, México suma una puntuación de 8 y 7.57 –en escala de 10-en el indicador de mercado criminal en general, el cual indica que entre más alto es el puntaje de criminalidad de un país, son más severas sus condiciones de criminalidad. Dichas puntuaciones nos colocan en el primer sitio entre 193 naciones en donde se cometen delitos graves como trata de personas y tráfico de armas, de flora y fauna, y por supuesto, de drogas.
Muy a pesar de esto, el presidente López Obrador se mantiene en su dicho de “más abrazos que balazos”, y cómo no traer a cuenta el video en donde las llamadas “bases sociales del crimen organizado” echan para afuera al Ejército Mexicano en Nueva Italia, Michoacán. Escenas de este tipo nos hacen ver que hoy en día en México las fuerzas armadas están a merced de las agresiones, pues de acuerdo con estadísticas de investigación que publica Manuel Espino, en al menos 24 ocasiones en este gobierno el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido objeto de ataques por parte de población civil.
Se concluye que es Michoacán, en la región de Tierra Caliente, el epicentro de las agresiones de la población civil contra las fuerzas armadas. Se da cuenta de cuando menos siete episodios registrados durante el gobierno de AMLO contra fuerzas militares en aquella entidad, lo que nos hace ver como cierta la denuncia que el hoy exgobernador Silvano Aureoles hacía de que el crimen organizado se adueñó del más reciente proceso electoral.
Hoy en día la población civil, alentada por supuesto por grupos criminales, arremete contra las fuerzas armadas mexicanas con piedras, palos, palas y otro tipo de objetos. Y es que los guardianes del orden tienen las instrucciones muy claras de evitar los enfrentamientos, al grado de desarmarlos e incluso detener y secuestrar por horas o por días a elementos lo mismo del Ejército, que de la Marina y la Guardia Nacional.
De acuerdo con las estadísticas, ya decíamos que Michoacán aparece como la entidad con más hechos de este tipo, le siguen Oaxaca con cuatro, Puebla e Hidalgo con tres; Guerrero, dos y en el Estados de México, Querétaro, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, uno en cada uno. “Hay un desgaste en cuanto a la función operativa y legitimidad de las fuerzas armadas y su actuación, debido al aprovechamiento del crimen organizado derivado de la política errónea de abrazos no balazos”, acota el especialista Ricardo Márquez Blas.
Se asegura que los criminales ya tienen muy claro que de esta forma de gobernar van a obtener beneficios, como el control territorial a través de agresiones contra elementos de las fuerzas federales, a sabiendas de que no va a pasar nada y que la instrucción federal es evitar los enfrentamientos, lo que por supuesto a ellos les tiene felices y tranquilos.
En Hidalgo, particularmente el recuento de Espino nos permite tener presente que, en junio de 2019, muy cerca de Tula, en Ulapa (perteneciente al municipio de Tetepango), los pobladores impidieron al Ejército asegurar dos camiones cargados con combustible robado, delito que tiene asolada a esta región. Y si bien es cierto que el huachicoleo disminuyó a la llegada de AMLO, hoy en día opera como en sus mejores tiempos.
Otra agresión se vivió también en esta región de Hidalgo cuando en noviembre de 2019, en Atitalaquia, grupos de huachicoleros apedrearon a militares que realizaban patrullajes en ductos de Pemex. Y todavía en febrero del año pasado en Demacu, municipio de San Salvador, los guardias nacionales intervinieron en una riña familiar y por ello fueron severamente agredidos.
No sabemos si el gobierno federal cambiará sus políticas en esta materia, pero está claro que es urgente, porque no se trata de que las autoridades hagan “matazón” de delincuentes; pero si bien vivimos en un estado de Derecho, lo que se requiere es mano dura para quienes violenten la ley, que sean detenidos y procesados con la ley en la mano y no que sean asesinados por el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional.
Es a lo que los mexicanos aspiramos. Cuántas historias conocemos de gente que sin razón hoy -y muchas veces desde hace años- está en prisión, mientras los verdaderos delincuentes se pasean impunemente ante la complacencia, o complicidad, de un gobierno que olvidó muy pronto su compromiso de devolverle la tranquilidad a los mexicanos. A quienes esperábamos esto, las cifras nos muestran que hoy estamos más lejos que nunca de lograrlo.
Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega, pero… Entre nos.
Por: José Guadalupe Rodríguez Cruz
*Egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Querétaro y por la Universidad Iberoamericana en Políticas Públicas. *Regidor Municipal en Tula, Secretario Municipal de Tula, Diputado local en la LVII y LIX Legislaturas en el estado de Hidalgo y Presidente Municipal Constitucional de Tula 2000-2003. *Autor del libro “Desde el Congreso Hidalguense” y coautor del libro “Tula... su Historia” *Director y fundador del periódico bisemanario “Nueva Imagen de Hidalgo”, que desde 1988 se pública en Tula, Hgo.
