Redacción
El Sistema Nacional Anticorrupción comenzará operaciones este miércoles, para ello se crearon un conjunto de leyes e instituciones con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia esta problemática.
La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, se designó a un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales.
Participan también la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el fiscal anticorrupción.
Aunque ya se cumplió el plazo y las tareas están bien definidas, quedan algunos temas pendientes, como la aprobación de una Ley General de Archivos, que no ha dictaminado el Congreso, y el nombramiento de un fiscal anticorrupción, que el Senado tampoco ha nombrado.
Igualmente, falta establecer en la mayoría de los estados de la República los Sistemas Locales Anticorrupción, que deberían ser espejos del nacional y que el Senado nombre a 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa, quienes deberían encargarse de juzgar los casos graves de corrupción tanto de funcionarios públicos como particulares.
Esos magistrados deben encabezar la Tercera Sala del Tribunal y cinco Salas Regionales, las cuales el Tribunal creó la semana pasada, con base en su Ley Orgánica, aunque no existan todavía los juzgadores oficialmente nombrados por la Cámara alta.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar anualmente (a partir de este miércoles) declaración patrimonial y de intereses. Esto incluye a los empleados de todos los niveles, desde el más modesto hasta el presidente de la República, sin importar si son de base, eventuales o hasta de honorarios y a todo aquel que haga negocios con el gobierno.
