La alcaldesa de Singuilucan, Yazmín Dávila López, informó que su administración enfrenta un procedimiento judicial por 21 millones 408 mil pesos derivados de una demanda laboral interpuesta por 24 extrabajadores del Ayuntamiento que fueron despedidos en condiciones irregulares.
Este litigio, que comenzó en 2016, originalmente involucraba a 30 personas, pero con algunas se llegó a un acuerdo previo, quedando 24 en la resolución final que les fue favorable.
Como consecuencia, se activó el protocolo de ejecución de embargo, mediante el cual los demandantes han solicitado una serie de inmuebles municipales para garantizar el pago. Entre estos se encuentran un predio de dos hectáreas que sería destinado para el nuevo panteón en la colonia El Caraballo, la plaza principal, el auditorio, la presidencia municipal, la capilla de San Joaquín, una casa de salud y una fosa séptica en Alfajayucan. También fueron congeladas las cuentas bancarias del municipio.
Dávila López denunció irregularidades en el proceso, como la falta de oportunidad para que el municipio propusiera otros bienes susceptibles de embargo. Asimismo, afirmó que la cifra establecida se excedió en casi 5 millones de pesos, por lo que se interpondrá un recurso de revisión al procedimiento judicial, alegando violaciones al derecho de audiencia.
La edil aseguró que su administración busca entablar un diálogo con los extrabajadores para pagar “lo justo y lo legal”, sin evadir responsabilidades, aunque aclaró que existen bienes que, por su naturaleza, no pueden ser confiscados, por lo que se buscará su liberación para que continúen en uso público.
La situación es compleja, ya que existen otros laudos pendientes: uno por 1.7 millones de pesos y otro más por 2 millones 45 mil pesos, derivados del despido inadecuado de exelementos de la Policía Municipal.
A ello se suman 70 demandas laborales ante el Tribunal de Arbitraje; de estas, sólo nueve se encuentran en condición procesal salvable. Las 61 restantes se consideran perdidas, ya que en su momento no hubo defensa jurídica adecuada, ni desahogo de pruebas. La alcaldesa señaló que aún se desconoce el monto total que implican estos casos.
Deuda con el SAT
Durante la misma conferencia, Dávila López reveló que el Ayuntamiento tiene una deuda de 14 millones 120 mil pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no entregado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante la gestión anterior. Aunque se realizaron las retenciones a trabajadores, no se entregaron al fisco, lo que derivó en sanciones y recargos.
Actualmente la administración debe pagar 600 mil pesos mensuales, descontados de las participaciones federales, lo que afecta directamente al presupuesto, pues se pierden los beneficios fiscales que se otorgan a los entes cumplidos.
Por estos hechos, en febrero pasado, se abrió una carpeta de investigación por peculado contra quien resulte responsable.
Pagos sin sustento
Entre otras anomalías, se denunciaron pagos de nómina por 21 millones de pesos que no cuentan con soporte documental. Según la alcaldesa, sólo existen cheques a nombre del exedil, sin evidencia de que los trabajadores hayan recibido los recursos. Esta situación también fue denunciada ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción.
Recursos de infraestructura, sin comprobar
La presidenta también mencionó que en 2024 el municipio recibió 1 millón 200 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Sin embargo, no existen facturas que acrediten el uso del recurso, a pesar de que supuestamente se utilizó para adquirir mobiliario que, además, fue mínimo.
Debido al mal uso de los recursos, Singuilucan fue vetado del programa y no podrá acceder nuevamente a estos beneficios.
Más anomalías detectadas
Otras inconsistencias incluyen:
· 467 mil pesos de presupuesto para la feria, sin comprobación.
· 709 mil 187 pesos en pagos diversos realizados del 1 al 4 de septiembre, días previos al cambio de administración.
· 40 mil pesos por concepto de infraestructura.
· 3 millones 785 mil pesos en ayudas sociales.
· Ejercicio no autorizado del presupuesto municipal en 2022, 2023 y 2024.
Además, se detectó que, pese a haberse destinado 755 mil pesos al mantenimiento del parque vehicular, las unidades fueron entregadas en malas condiciones.
Todos estos asuntos fueron informados a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con el objetivo de que den seguimiento puntual, así como a las diversas carpetas de investigación iniciadas para esclarecer los hechos.
