Redacción
Luego de afirmar que el dispendio de recursos para los partidos se vuelve más ofensivo ante la tragedia humanitaria de días recientes, el diputado federal Alejandro González Murillo recordó que el Partido Encuentro Social planteó hace meses una propuesta para el mejor uso de los recursos asignados a partidos políticos, pero la falta de voluntad política de los grupos parlamentarios la detuvo.
Recientemente se difundió la propuesta de destinar un porcentaje del dinero del financiamiento público a partidos políticos para labores de ayuda humanitaria que mitiguen los estragos de sismos y huracanes, a lo cual el diputado explicó que siempre se debe considerar la legalidad y constitucionalidad de los actos que realicen partidos e instituciones políticas.
“Si el líder de alguna fuerza política hace gala de su desconocimiento y desprecio por las leyes y las instituciones, allá él. Lo que no es correcto es exhibir oportunismo político y engañar a la gente. Llamar a inobservar la legalidad no debería ser tan rentable políticamente”, precisó.
El legislador también manifestó que lo anterior no significa que no existan alternativas legales de modificar el destino de los recursos del financiamiento dentro del marco del Estado de Derecho. “La bancada a mi cargo hace casi un año propuso cero pesos del erario público para los partidos políticos. Nuestro origen y vocación ciudadanas nos hicieron recoger la indignación ética de la gente ante el dispendio de recursos destinados a los partidos que hoy, ante la tragedia humana, se vuelve más ofensivo”, explicó.
El coordinador de los diputados de Encuentro Social explicó los requisitos específicos que debe cumplir una reforma constitucional en temas electorales y de partidos. El artículo 41 constitucional, en sus incisos A, B y C, dicta cómo debe ser el financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, de difusión y para campañas electorales.
Asimismo, el artículo 105, fracción II, estipula que las leyes en materia electoral deberán ser promulgadas y publicadas 90 días antes de que inicie el proceso electoral y durante el proceso electoral no podrá haber modificaciones sustanciales a la legislación. El 8 de septiembre pasado arrancó el proceso electoral 2018.
