La prensa de la mañanera de López Obrador ha expuesto la supuesta denuncia por violencia familiar que pesa sobre el alcalde de Pachuca, Sergio Baños, quien ante el asedio de los medios de comunicación aseveró: “Yo ya dije lo que tenía que decir y eso es un tema legal y no quiero que se haga mediático”, declaración que da impulso y renovados bríos a la figura del presidente municipal de la capital hidalguense, que frente al rechazo mediático se vuelve mediático.
Pero no son estos reflectores los que tienen en jaque a Baños, sino la cadena de contubernios políticos y judiciales que se han expuesto sobre su conducta y gestión pública, la cual no se centra en la bandera de la extinción de parquímetros -que sin duda es una falta de probidad y corrupción, o por lo menos, deslealtad económica y negocio privado en detrimento ciudadano de Pachuca-, sino en la fatal inoperancia de una administración que la ciudadanía pide a gritos que se termine con el pesar y dolor de tareas incumplidas, arrogancia y parafernalias clasistas como la construcción de la barda perimetral en Valle de San Javier, que es una afrenta de ética pública al pueblo.
La probidad de un servidor público no sólo se demuestra al no cometer peculado (fantasma que ya ronda a Sergio Baños), sino por la concreción de la gestión pública sobre tareas prioritarias y cuya inteligencia social le marca el paso al gobierno sobre las necesidades ciudadanas, nunca a base de blofeo ni de ocurrencias mediáticas.
Frente a los incontables desatinos del alcalde, su adhesión al Partido Verde Ecologista (por osmosis, no por conciencia política) gracias al Grupo Plural Independiente (GPI) se presenta como un enroque político no sólo para Baños Rubio, sino para el séquito que engrosa la cadena de poder de Omar Fayad y sus desencuentros con la cúpula priista, que encabezan Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, los que segregaron del mando y los puestos del tricolor a las manzanas podridas.
¿Qué argumentos sobresalen del enroque político de Baños Rubio desde el GPI? Como efecto piramidal, los recién llegados al Partido Verde podrían entrar en alianza con Morena y ser considerados en la repartición de encargos públicos, botín que se ha visto limitado y mermado en el moribundo PRI, así como evitar el fantasma del peculado una vez que tengan fuero y, con ello, un capital político para negociar en la lógica morenista y del sistema político en transformación.
Lo que no se percibe a simple vista es la estrategia de López Obrador de depuración interna y de los lastres de la migración de personeros de otros partidos que no se adhieren a Morena por «conciencia política, ideología o principios de probidad pública”, sino por la búsqueda de botín del erario y el juego de intereses y negocios privados (caso del GPI), condición que ya aleccionó a Marcelo Ebrard y aquietó al gallinero y caballada, lo cual tiene trazos que ilustran desde la marginación el castigo político y la exposición de esqueletos en el armario, como sucede con la estafa maestra, la estafa siniestra y el peculado de servidores públicos.
El cuestionamiento de fondo del enroque político del alcalde de Pachuca desde el GPI es: ¿hasta qué punto la depuración política de la 4T le aplicará la ley?
