Sindicato del Edoméx asfixia Pachuca

Francisco Fernández Hasbun, titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, informó que el caso está actualmente en manos de tribunales federales, luego de que un juez ordenara la vinculación a proceso de uno de los imputados, quien solicitó un amparo que sigue en revisión.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, afirmó que los transportistas que realizan bloqueos en la ciudad se han negado a entablar diálogo con las autoridades, argumentando que sólo son operadores enviados a manifestarse en apoyo de las dos niñas víctimas de abuso sexual en Zimapán, sin estar facultados para expresar una postura oficial.

 

Recalcó que el gobierno de Julio Menchaca Salazar mantiene una política de puertas abiertas y diálogo permanente, por lo que no se hará uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes. Señaló que se esperará pacientemente su retiro y advirtió que el caso podría estar siendo politizado, aunque no especificó detalles.

El funcionario explicó que los inconformes se identifican como integrantes del Sindicato del Cemento, originario del Estado de México, el mismo grupo que previamente irrumpió violentamente en esa demarcación para disputar rutas de transporte de materiales de construcción.

 

Añadió que el contingente no es numeroso, con aproximadamente 250 personas, pero el uso de camiones de gran tamaño genera una percepción mayor. Además, destacó que muchos vehículos portan placas del Estado de México, descartando que la movilización esté encabezada por hidalguenses.

Reiteró el llamado a los familiares de las víctimas a acercarse y abordar el tema de forma presencial, incluso con la presencia de medios de comunicación, al enfatizar que no hay nada que ocultar. Subrayó que comparten el objetivo de hacer justicia y que los responsables del abuso enfrenten todo el peso de la ley.

Por su parte, Francisco Fernández Hasbun, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, informó que el caso está actualmente en manos de tribunales federales, luego de que un juez ordenara la vinculación a proceso de uno de los imputados, quien solicitó un amparo que sigue en revisión.

Reconoció que existen otras carpetas de investigación abiertas sobre el caso, pero se negó a proporcionar más información debido al sigilo que requiere la investigación.


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