Riesgosa profesión

La crisis de inseguridad que desde el sexenio pasado padece México, y que a pesar de programas de todo tipo y compromisos uno tras otro del gobierno federal, en nada han disminuido los homicidios, secuestros, levantones, robo de combustible y demás ilícitos que tienen hoy al país como uno de los más violentos en todo el mundo.

Pero en este clima de inseguridad que nos afecta a todos los mexicanos, tenemos que incluir a un sector de la población que por su naturaleza debería ser uno de los más seguros y mayormente protegidos por cualquier gobierno, pero que no es así: hoy en día ser periodista se ha convertido en una de las actividades más riesgosas.

Apenas el fin de semana ocurrió un homicidio en La Paz, Baja California Sur, la víctima: un muy conocido reportero de nombre Maximiliano Rodríguez Palacios, y hace menos de un mes el de Miroslava Breach Velducea en Chihuahua, Chihuahua, que llevó incluso al cierre del periódico en el que trabajaba con mucho años de vida y de prestigio en el norte del país. La mujer era, además, corresponsal de La Jornada.

Las cifras nos muestran cómo están las cosas de complicadas para los comunicadores en México. Todo nos indica que la impunidad ha sentado sus reales para con los agresores del gremio periodístico. Está más que clara la inoperancia de Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos a la Libertad de Expresión; los resultados de su trabajo son muestra palpable de que sirve para nada: tres sentencias condenatorias de casi 800 casos que ha manejado en sus siete años de vida.

De acuerdo con “Artículo 19”, en México se contabilizan 103 periodistas asesinados y 23 desaparecidos a partir del año 2000. De acuerdo a la misma fuente, en 2015 ocurrieron 393 agresiones, pero durante 2016 la cifra creció a 426 y no hay hasta el momento quien pueda poner un alto a estas preocupantes cifras.

Tiene toda la razón Mauricio Farah cuando establece que hoy estamos en una realidad atroz, en la que cada vez con mayor frecuencia y descaro, el crimen organizado y muchas veces los integrantes del poder político local dictan la sentencia de muerte para castigar y reprimir al periodista objeto de sus rencores y para amedrentar a otros.

El homicidio de Max Rodríguez ocurrió en el estacionamiento de una plaza comercial en La Paz, a donde había acudido el periodista, de 72 años, a realizar sus compras acompañado de su esposa, la también periodista Raquel Romo. Él escribía la columna “Es mi opinión”, en donde trataba temas de seguridad y política.

Cabe recordar que antes de Rodríguez Palacios, el 2 de marzo fue acribillado Cecilio Pineda Brito en el estado de Guerrero, el 19 del mismo mes Ricardo Monlui en Veracruz y Miroslava apenas el 23 de mismo fatídico mes de marzo.

Esta racha de violencia contra los comunicadores en México por suerte no ha llegado a nivel de homicidio en Hidalgo, muy a pesar de que las agresiones a periodistas locales han sido incontables, sobre todo por parte de las autoridades municipales. Nosotros mismos, junto con tres colegas más, nos vimos precisados a presentar una denuncia en la Procuraduría por la serie de agresiones de las que fuimos objeto en las redes sociales por parte del anterior gobierno municipal de Tula.

En otras partes de la entidad también se han dado hechos violentos contra periodistas, sin que por fortuna haya que dar cuenta hasta el momento de que alguna de estas acciones haya terminado con la vida de algún comunicador, como sí se ha dado por ejemplo en más de una ocasión en el vecino estado de Veracruz.

Cabe aquí hacer notar que muy a pesar de que en el sexenio estatal pasado se aprobó la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo -inexplicablemente junto con el también importante tema de los Derechos Humanos-, hasta ahora es letra muerta ante la inexistencia de un reglamento que permita su operatividad.

Esperamos que no tengamos que lamentar en Hidalgo un hechos funesto en contra de algún comunicador para que las autoridades se acuerden de tener al día la legislación correspondiente que, a pesar del interés de algunos, duerme todavía el sueño de los justos.

Aprovechamos el tema para condenar la actitud del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal Acusatorio, José Rogelio Alanís García, quien pretende que el colega Martín Hernández le revele sus fuentes respecto a una nota publicada hace casi un año, so pena de aplicarle una pena pecuniaria. ¡Así las cosas para proteger el trabajo periodístico!

Decíamos que la inseguridad que priva en el gremio se ve acrecentada por la evidente falta de resultados ante las agresiones sufridas y que han costado no solamente la vida a más cien comunicadores y 23 desaparecidos en lo que va de este siglo en México, sino la falta de resultados, pues si como han quedado establecidas apenas 3 sentencias condenatorias de 800 denuncias, no hay hasta el momento un solo autor intelectual de estas agresiones que haya sido detenido y ni lo habrá , pues como dijo Leopoldo Maldonado: nadie los busca.

Bajo este escenario en donde marzo y abril se han convertido en los meses más trágicos para el gremio de comunicadores en el país, resulta urgente que las autoridades de todos los niveles optimicen los mecanismos para proteger esta actividad y que no haya más homicidios y desapariciones o agresiones, en el mejor de los casos, en contra de quienes tienen como tarea el informar y comentar a la sociedad lo que ocurre en nuestro entorno.

Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega pero, Entre nos.