La diputada Erika Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que durante las sesiones que se lleven a cabo en abril, presentará propuestas a favor de la niñez hidalguense.
En esta primera sesión, la también presidenta de la Comisión de la niñez, la juventud, el deporte y la familia, presentó una iniciativa que propone aspectos que fortalecen el pleno respeto y protección de los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión, a efecto de garantizar el interés superior de la niñez.
La iniciativa, explicó, actualiza diversos términos en función de la Constitución Política del país y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y al mismo tiempo, armoniza la obligatoriedad para protegerlos de cualquier forma de violencia y de garantizar los derechos de las niñas y niños, de acuerdo con las normas internacionales como las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, mejor conocidas como “Reglas de Bangkok”.
“Con este instrumento legislativo se busca visibilizar a todos aquellos niños y niñas que por vivir con sus madres en situación de reclusión, también sufren de diversas maneras, derivado de que el ejercer la maternidad en un ambiente poco propicio para sus hijos o hijas, en condiciones de hacinamiento y la violencia que implica permanecer en reclusión, los hace prácticamente invisibles para el pleno goce de sus derechos y para tener un adecuado desarrollo integral de sus capacidades”, explicó la diputada.
Erika Rodríguez puntualizó que “para el año 2021, el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales, reportó que 392 niñas y niños menores de seis años permanecieron con sus madres privadas de la libertad; de estos, el 50.5% fueron niños y el 49.5% niñas, y del total, el 43.4% son menores de un año. Aunado a esta cifra, se registraron 356 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Hidalgo ocupa el quinto lugar a nivel nacional, con 25 niñas y niños menores de seis años que viven con sus madres en reclusión, la iniciativa pretende atender a esta pequeña parte de la población infantil, pero no por ser los menos, pueden ser olvidados”.
Finalmente, la legisladora expresó que “los niños y niñas que viven en las prisiones no son delincuentes y no deben pagar como si lo fueran; los niños y niñas que viven en la cárcel deben llevar vidas tan buenas como las que tendrían si vivieran fuera, por eso tenemos que legislar a favor de ellos para hacerlos visibles y que prevalezca el mandato constitucional del interés superior de la niñez”.
