Durante la sesión del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), la magistrada María Luisa Oviedo Quezada presentó el proyecto de resolución al Procedimiento Especial Sancionador (TEEH-PES-027/2018), iniciado por Álvaro Rodríguez, representante propietario del PRI ante el Consejo Local del INE en Hidalgo, por el delito electoral de violación al principio de imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos establecido en el artículo 134 de la Constitución.
Este caso llegó al tribunal electoral después de un largo recorrido que inició en el INE, que –como en la mayoría de asuntos del proceso electoral pasado, parece, quiso lavarse las manos para no quedar mal con ninguna fuerza política- decidió remitirlo a la Sala Regional el 29 de junio del presente año. Dicho órgano electoral jurisdiccional, el 30 de agosto, ordenó escindir las imputaciones que se hacen a un diputado federal respecto de las imputaciones que se hacen a los alcaldes, por lo que el 14 de septiembre se recibió en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. En concreto: el INE aventó la bolita que terminó recayendo en el TEEH, ¿mucho dinero y poca actividad?
Los denunciados son Raúl López Ramírez y Juan Pedro Cruz Frías, presidentes municipales de Atotonilco de Tula y Tlahuelilpan, respectivamente, que tuvieron la genial ocurrencia de organizar una rueda de prensa que se llevó a cabo el día 20 de junio para informar su renuncia al PES y PT, porque se mudaban –con ideología, congruencia y dignidad- a Morena. Hasta este momento todo iba bien, pero Raúl López Ramírez cometió el grave error de declarar que a su entrada triunfal a Regeneración Nacional sumaba a su administración y 10 mil personas más.
Motivado en ello, la magistrada Oviedo Quezada presentó en el proyecto resolutivo que dichas conductas hicieron caer a los denunciados en un compromiso que engloba al municipio que gobierna, por lo que se comprueba el ilícito denunciado.
Por cierto, el PRI presentó como pruebas artículos periodísticos e información de internet, pero destacó un video de dicha conferencia de prensa. Parece que el Revolucionario Institucional destinó buena parte del tiempo del proceso electoral a revisar las redes sociales o, tal vez, hicieron un excelente trabajo de investigación.
Ahora la resolución, votada por unanimidad en favor del proyecto, señala que darán vista al Congreso del Estado de Hidalgo para que instruya lo conducente, es decir, los 17 de Morena tendrán que sancionar a los alcaldes con los que comparten militancia, o permanecer en la tolerancia de los delitos electorales y esconder el asunto, o dar alguna sanción simbólica que pase desapercibida.
¿Qué harán los 17 con su primera prueba de “no traicionarás al pueblo”?
