El gobierno de Omar Fayad Meneses ha destacado por emprender una poderosa campaña anticorrupción y de señalamientos abiertos a aquellos funcionarios públicos que se enriquecieron de manera ilícita o desviaron recursos para beneficio propio.
Como era de esperarse, el buen gobierno e íntegros funcionarios no son bien vistos por todos los grupos políticos que estaban totalmente acostumbrados a trabajar con modos arcaicos que solamente beneficiaban a los funcionarios en turno.
Uno de los mayores problemas sociales en la entidad radica precisamente en el numeroso despido de personal de las diversas dependencias gubernamentales. Resulta este tema crucial en la imagen de gobierno, pues por un lado están todos aquellos personajes que se sienten agredidos y encuentran “injustificadas” todas estas medidas.
Por otro lado, creemos no ser los únicos con empatía en las acciones del gobernador y su gabinete, que reducen las infladísimas nóminas de secretarías estatales para poder responder ante la deuda estratosférica que dejó la administración anterior. ¿Acaso sería mejor seguir inflando y sosteniendo esas nóminas?
Haciendo un análisis profundo encontramos que la causa de la salida de personal de las dependencias de gobierno es que José Francisco Olvera Ruiz no dejó económicamente aseguradas las plazas y, al contrario, el dinero que se debe pudo haber sido utilizado para respaldar los pagos a personal. Por otro lado, tampoco se tomó la molestia de realizar los tan famosos acuerdos políticos donde se pedía que se respetaran ciertos espacios.
Seamos realistas, Omar Fayad Meneses está poniéndole el ejemplo a toda la nación: en medio de una crisis de credibilidad, Hidalgo destaca por tener un gobernador congruente entre el decir y el hacer.
Siguiendo el ejemplo de su líder político, Jessica Blancas, secretaria de Finanzas y Administración, señaló abiertamente que José Francisco Olvera Ruiz dejó un adeudo de 14 mil 834 millones de pesos, y de ahí 5 mil 196 millones 893.75 de pesos son deudas sin registro ni sustento.
Además de registrar mil 300 renuncias, es decir, no hablamos de despidos injustificados: son renuncias legal y debidamente acreditadas, entonces: ¿quién fue el autor de los despidos-renuncias masivos “injustificados”?
¿Qué estaba pensando José Francisco Olvera Ruiz para endeudar de ese modo a Hidalgo? ¿Estaba totalmente confiado de que el hoy gobernador, Omar Fayad Meneses, sería un grillo corrupto más?
Hablamos de que el siguiente paso obligatorio de Jessica Blancas es iniciar un procedimiento penal, porque al salir a dar datos tan abiertamente, a los ciudadanos nos obliga a exigir que no se quede en un crudo señalamiento y se entreguen cabezas, caiga quien caiga, como lo anunció el gobernador.
El gobierno de José Francisco Olvera Ruiz destacó por funcionarios que no han rendido cuentas, se habla de las 14 secretarías, por lo cual deberían estar declarando voluntariamente: Fernando Moctezuma Pereda, Salvador Elguero Molina, Miguel Cuatepotzo Costeira, Alberto Meléndez Apodaca, Guadalupe Romero de Olvera, Mayka Ortega Eguiluz, Aunard de la Rocha Waite, Mario Souverbille González, y toda la parvada.
Sin embargo, esta vez esperamos que no sólo caigan y sean señalados los políticos titulares, sino también aquellos funcionarios de menor y mayor peso que estuvieron en corrupto contubernio; como lo hemos hablado en columnas anteriores: prestar atención a instancias como el DIF Hidalgo, SEPLADERYM, SEPH, etcétera, que están llenas de delincuentes que con cargos menores desviaron todos los recursos destinados a los hidalguenses.
La comodidad de los exfuncionarios favorecidos por Olvera Ruiz con la que ahora declaran sobre la crisis económica que atraviesan, es sin recato alguno ni memoria de la época de oro que acaban de atravesar, porque además estaban convencidos de que sería así para siempre por contar con el cobijo del exmandatario. El ahorrito que hicieron ya no es suficiente.
Los exfuncionarios, y muchos de los ladrones que siguen en nómina, ahora apelan al lado humano y sostén económico de su familia, cuando fueron ellos los que se lo robaron a las familias hidalguenses.
Asimismo, estamos en el deber de señalar a todos los medios de comunicación y periodistas que se vieron beneficiados por José Francisco Olvera Ruiz y ahora se manifiestan molestos por las medidas anticorrupción del actual gobernador; hay que decirlo: recibían altísimas sumas por supuestos contratos de publicidad similares a los de empresas constructoras.
No cuesta mucho detectarlos por los chillidos que dan, disfrazados de críticas o supuestos análisis políticos.
La pregunta del millón es: ¿por qué nadie señaló los desvíos y malos usos?
Se cuenta que durante los años de José Francisco Olvera Ruiz se acercó a él un destacado jurista del estado para ponerlo sobre aviso de los rumores que cada vez eran más fuertes sobre desvíos de recursos, las irregularidades que él mismo había presenciado y la imagen deteriorada por la adquisición de una “casita”, el funcionario fue ignorado y prácticamente desapareció de la escena política.
La anécdota es destacada por ser única; todos aquellos que digan que se acercaron con la misma finalidad, mienten, y todos aquellos que digan que lo hicieron por miedo, mienten, también lo hicieron por beneficiarse.
Caiga quien caiga, estamos a espera de procesos legales certeros.
