En medio de la preparación de las elecciones generales de 2018, de los efectos de las reformas económicas aprobadas en 2013 y del terremoto del 19 de septiembre, ahora, cuando aún se discute el paquete económico 2018 y se renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los mexicanos podríamos convertirnos en víctimas de los errores en la conducción del país y ver reducidos nuestros ingresos a la mínima expresión.
El dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) fue aprobado la noche del miércoles por la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados, el cual establece que cuando la inflación acumulada supere el 10%, a partir de diciembre de 2013, el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que realicen las personas físicas deberá actualizarse; de modo que en 2018 los contribuyentes podrían ver incrementados sus impuestos, gracias a una inflación alimentada por la reforma energética y la liberalización de los precios de los hidrocarburos.
En la red están las entrevistas, los discursos y los comunicados del gobierno federal sobre las bondades de las reformas aprobadas en 2103. Todos los documentos disponibles hablan de los beneficios que obtendríamos los mexicanos con el pago de tarifas más bajas en el consumo de electricidad y carburantes, de los miles de empleos que se crearían para poner fin a los más de 35 millones de hombres y mujeres que han sido expulsados de la economía formal y sobreviven en el mercado negro del trabajo.
Durante la puesta en marcha de la reforma energética y la liberalización del mercado de los hidrocarburos, se insistió en la absurda idea de que ello no afectaría la inflación; incluso el secretario de Hacienda llegó a señalar que la inflación debido al incremento de los precios de la gasolina y el gas no afectaría el objetivo de inflación del 3%. Ahora que el tiempo y la lógica económica se han impuesto en la economía real, los diputados y senadores pretenden que los mexicanos paguemos las consecuencias de las malas decisiones que ha tomado el gobierno.
Hasta ahora, el 57% de los ingresos por el pago de impuestos provienen del ISR, pero si éste se incrementa por la inflación -que en septiembre llegó a 6.35%, con lo cual, la inflación acumulada a ese mes desde 2013 ha llegado a 14.7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)-, más de un contribuyente podría ver reducidos sus ingresos, afectando su nivel de consumo y de inversión.
Recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha propuesto que el gobierno reduzca el ISR a los trabajadores que ganen menos de 10 mil 298 pesos mensuales, con lo cual podría apoyar los ingresos de miles de hogares. No obstante, lo mejor sería que todos los trabajadores que reciben menos de 20 mil pesos sean exonerados del ISR y aquellos que reciban más de 20 mil pesos al mes, dentro de un sistema escalonado, paguen más si ganan más.
Si de acuerdo al INCO, con una exoneración del ISR a quienes ganen menos de 10 mil pesos se podría beneficiar a 15.5 millones de trabajadores formales, 74% del total registrado en el IMSS y en el ISSSTE, ¿a cuántos hogares se podría ayudar a mejorar su nivel de vida si fuera para todos aquellos que ganan menos de 20 mil pesos?
La tasa escalonada del 30 al 35% que se pretende imponer para grabar ingresos anuales que van desde los 392 mil 841 pesos hasta la tasa máxima del 35% para los que tienen ingresos superiores a 3 millones, continúa siendo inequitativa para millones de hogares que tienen ingresos anuales inferiores a 500 mil pesos, premiando a miles que tienen ingresos que superan el millón de pesos.
Si se aprueba el dictamen de la Cámara de Diputados, donde se señala que la “ley del ISR prevé que la tarifa de las personas físicas se debe actualizar una vez que la inflación acumulada supere el 10% desde la fecha en la que se actualizó por última vez” en 2013, millones de hogares verán afectados sus ingresos, ya no sólo por el incremento de los precios de la tarifas de electricidad, gasolina, gas y agua, sino por el incremento de la inflación y el pago de impuestos, con lo cual, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y su partido estarían pegándose un balazo en el pie en víspera de las elecciones generales de 2018.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
