Una de las mayores metas en el gobierno de Julio Menchaca ha sido la consolidación del Estado Digital, donde la ciudadanía pueda acceder a una interoperabilidad (transversalidad comunicacional) para ser atendida por medio de condiciones virtuales que simplifiquen el despliegue de programas sociales, trámites administrativos, así como el rubro de contribuciones de diferente índole estatal.
En este trazo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la reforma de plataformas digitales que generará obligaciones y responsabilidades para las empresas de plataformas, cuya iniciativa asegurará los pagos de servicios en un plazo no mayor a una semana, así como mecanismos para de registros de horas trabajadas como la emisión de recibos de pagos realizados y la implementación de mecanismos que garanticen la seguridad de la información y datos de los trabajadores. Trasciende que “la inscripción de las personas trabajadoras en el régimen obligatorio de seguridad social; así como retener y enterar el pago de cuotas; aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; mecanismo de adiestramiento, capacitación y asesoría; informar sobre las medidas de seguridad y salud” (indica el documento oficial).
En este plano, nos encontramos en un creciente entramado jurídico dentro de las reformas emprendidas por la presidenta Sheinbaum Pardo que, en el caso concreto de los perfiles digitales del mercado laboral, garantizarán una protección jurídica a las y los trabajadores en un área en expansión en México y a nivel global.
En la redistribución del poder político las condiciones del Estado Digital en Hidalgo condensan no sólo la ampliación y conocimiento de la ciudadanía de la estructura del aparato de Estado. En lo sustantivo, las acciones gubernamentales se transparentan y amplían los horizontes de inserción social, lo cual exige de la ciudadanía un interés creciente por explorar los mecanismos e instrumentos digitales que abren los portales del gobierno a la luz pública, lo que permite generar nuevos contrapesos ciudadanos.
La era de digitalización de los procesos administrativos en las estructuras gubernamentales también inciden en la proyección de mayores vínculos de democracia directa, donde la ciudadanía no tiene, necesariamente, que entrar en interlocución con el aparato burocrático administrativo para acceder al ejercicio pleno de sus derechos, condición vital en la redistribución del poder político.
Estamos en una era donde el peso de la digitalización no sólo debe ser apreciado desde la visibilidad de las plataformas digitales en torno a las condiciones de mercado, sino también como una ventana de democratización a la cual las estructuras gubernamentales no pueden sustraerse. Es evidente que las condiciones están dadas para que la ciudadanía se empodere y cree también acciones digitales de democratización del poder político, generando actividades que se adhieran a los cambios en políticas de gobierno y públicas.
Los procesos de consolidación del Estado Digital no se circunscriben a trámites administrativos, su horizonte permite el escrutinio público de las tareas de Estado y, por ende, la posibilidad de emprender acciones jurídicas de alcances mayores por parte de la ciudadanía.
Los factores de la redistribución política en el Estado Digital y la reforma a las plataformas digitales cobra una nueva dimensión de capilaridad y movilidad social porque ampliará la construcción de modelos virtuales aplicables al desarrollo social. Los vectores de redistribución del poder político a la ciudadanía garantizan: I. Legitimidad de origen público. II. Actualización administrativa y jurídica institucional. III. Transparencia pública y arqueo de probidad abierta. IV. Inserción ciudadana.
Los alcances del Estado Digital en Hidalgo no han sido plenamente explorados y explotados por la ciudadanía. En los hechos, sus instrumentos y plataformas se encuentran subutilizados, por lo que es necesario que exista un interés real y mayor a nivel social para lograr los beneficios que proporcionan los instrumentos digitales del aparato de Estado en la redistribución del poder político.
