Este año Santa Claus se apretará el cinturón en el aparato de Estado, porque la eficiencia pública “no implica mayor presupuesto público” y, producto de la austeridad republicana, la bancada de diputados de Morena en el Congreso de la Unión, se encuentran perfilando un recorte presupuestal inédito al Poder Judicial.
La participación del gobernador Julio Menchaca en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, no sólo fue un llamado a la responsabilidad y coordinación de la procuración e impartición de justicia y seguridad pública a los gobernadores y presidentes municipales, también fue una extensión a la eficiencia y operatividad de los recursos que se destinan para los planes y protocolos públicos en la materia y para garantizar que la eficiencia no es sinónimo de dispendio presupuestal.
En la discusión del Presupuesto de Egresos 2025 de la Cámara de Diputados, la bancada de Morena ha proyectado un recorte inédito al presupuesto del Poder Judicial, con un monto de 70 mil 983 millones de pesos para su ejercicio fiscal. Esta condición ya puso el grito en el cielo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que marca como “peligroso” para la operatividad de su estructura un recorte presupuestal de esta magnitud y naturaleza, cuestión de la que se deslindó la ministra Lenia Batres, que considera que la eficiencia judicial no incide como producto de mayores asignaciones presupuestales y de ello es evidencia empírica la actuación del Poder Judicial que contó con privilegios económicos en el antiguo régimen.
La austeridad republicana tiene sellos indiscutibles en el recorte presupuestal 2025 y en la extinción de los organismos públicos autónomos, condiciones no exentas de polémica y desencuentro político.
Entre peras y perones, el recorte presupuestal al Poder Judicial también permite leer analíticamente que “no se requiere un aparato de Estado más grande sino más eficiente”, cuestión que en el gobierno de Julio Menchaca ya es un llamado a la interoperabilidad institucional y a la capacitación de los servidores públicos para no subutilizar recursos en el ejercicio público.
Los estudios de planeación económica implementados desde la era del gobierno de López Obrador y desde la presente administración de la presidenta Sheinbaum Pardo enuncian que las capacidades administrativas del aparato de Estado estuvieron subutilizadas y presupuestaron privilegios a sectores específicos como el Poder Judicial que, en su inoperancia, permitió que una casta burocrática se enquistara y engordara en los puestos públicos. La idea de no crear una estructura estamental (de privilegios y privilegiados) a nivel de la estructura burocrático-administrativa se ha afianzado en las acciones del gobierno de Sheinbaum Pardo y habrá de ser la constante en los próximos seis años de gobierno.
Explicar el achicamiento presupuestal del gobierno es una condición de objetivos trazados desde el Plan Sexenal de Desarrollo y condensa la determinación de las variables de eficiencia que deben ajustarse a las condiciones de gobiernos austeros, lo que rige para Hidalgo y el resto de las entidades de la nación. La máxima de “no puede existir gobierno rico con pueblo pobre” aplica y se refrenda a raja tabla presupuestal desde este 2025.
El Modelo Presupuestal Público ya venía precedido -en la era de López Obrador- de la disminución salarial de los servidores públicos de altos cargos, cuestión que causó desencuentros con la estructura de poder del Poder Judicial. La competitividad pública es el concepto central de la austeridad republicana, evoca a que el adiestramiento y capacitación de la estructura burocrática-administrativa debe imperar como signo de modernización y eficiencia del aparato de Estado, no el incremento ilógico, incierto de partidas presupuestales que procure privilegios en los servidores públicos.
La consigna es clara: “hay que apretarle el cinturón a los que engordaron en los encargos públicos”.
La conciencia pública debe atravesar por el hecho rotundo de que no existen presupuestos infinitos para responder a las necesidades sociales y, por ende, la capacitación y plena eficiencia pública y de sus recursos humanos son las variables que deben primar en los gobiernos, con o sin austeridad republicana y más allá del 2º Piso de la 4T, y a quien no le guste en el aparato público, que se apriete el cinturón.
