A los cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo se les redujo sus honorarios de 40 mil a mil pesos, porque no se justificaron sus actividades mensuales y no cumplían con una función específica, señaló Álvaro Bardales Ramírez.
El secretario de la Contraloría Estatal explicó que los integrantes del CPC no son trabajadores gubernamentales, sino representantes de la ciudadanía y, tras detectar que cuentan con una alta prestación económica, que no se justifica ni para emitir sus recibos de honorarios ante la Secretaría de Hacienda, se tomó la determinación en el pleno del Sistema Estatal Anticorrupción.
Se informó que se les pagará marzo, pero a partir de abril las condiciones cambiarán, pues se partirá de mil pesos como base y de acuerdo a sus actividades podrán acceder a mayores recursos: “Se partió de tener una cuota mínima para que con base en el trabajo desempeñado se pueda fijar su honorario”, detalló el contralor.
“En el propio portal vienen las actividades y cuando se leen sus informes no se puede creer que estos años obtuvieran esos honorarios. Estamos combatiendo la corrupción”, expuso Bardales Ramírez.
En sesión extraordinaria del CPC y el Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción celebrada el 31 de marzo pasado, Sergio Carlos Jiménez, presidente del CPC, propuso y aprobó la reducción de honorarios y la destitución de Erika Celis Hernández, para nombrar a Gabriela Sánchez como directora de Normatividad, Riesgos y Política Pública.
Esa misma noche, Sergio Carlos Jiménez presentó su renuncia al CPC y hasta el momento se mantiene acéfalo, por lo que se prevén cambios al interior del Sistema Estatal Anticorrupción.
A pesar de que el órgano fue ideado para erradicar esta problemática, el reconocimiento del mecanismo es muy limitado en Hidalgo, pues las acciones de la Secretaría Técnica son imperceptibles y con muy poca difusión.
