José Noé Hernández Bravo, diputado de Nueva Alianza Hidalgo (NAH), presentó una iniciativa para que los municipios regulen el funcionamiento de sus centros de detención primaria con el objetivo de evitar violaciones a los derechos humanos.
En tribuna durante la séptima sesión ordinaria del Congreso local, el asambleísta expresó que pese a regulaciones y hasta tratados internacionales no se prevé un esquema de operación de las también llamadas “barandillas”, por lo que se da pie a atropellos.
En ese sentido, recordó la recomendación e informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) respecto a evitar violaciones a las garantías individuales, donde además detectó que los ayuntamientos no cuentan con instalaciones adecuadas.
El aliancista señaló que incluso si bien sí pudiera haber los espacios, se evita separar a los detenidos por géneros o se usan hasta bodegas para encarcelar; expuso que 64 municipios figuran con deficiencias en sus complejos.
Además, otros 19 fueron catalogados sin condiciones aceptables, “entonces, 83 demarcaciones violan los derechos pues ni siquiera hay un registro de detenidos ni de pertenencias y se da pie a discrecionalidades“, expresó Hernández Bravo.
Por lo que además de atender la urgencia de la CDHEH para que haya una modificación, explicó que el proyecto consiste en que los cuerpos de seguridad locales tengan un centro de detención preventiva adecuado y en los mismos se observen los derechos humanos.
Asimismo, que haya un registro de detenidos con datos como nombre, motivo y autoridad responsable, así como que los espacios sean adecuados y con servicios humanos básicos; además de que sean formulados dictámenes médicos y de revisión de los presuntos imputados.
Para lo anterior, los municipios deberán fijar en la elaboración de sus respectivos presupuestos de egresos los recursos necesarios para contar con el personal necesario para que las barandillas operen adecuadamente y en no más de 180 días emitir los reglamentos de operación de las mismas.
Al no estar aún conformadas las comisiones camerales, el proyecto de reforma a la ley orgánica municipal quedó a resguardo de la secretaría de servicios legislativos en tanto se conforma el órgano correspondiente para su desahogo.
