Lisset Marcelino Tovar propuso que los servidores públicos que busquen ser electos en un cargo público pero que hayan sido sentenciados por violencia familiar y de género no puedan hacerlo hasta por cinco años.
En ese sentido, explicó que en 2020 hubo una subida de denuncias por ataques a mujeres respecto a 2019, al pasar de 5 mil 270 a 5 mil 350, ello por la pandemia del coronavirus que obligó al resguardo domiciliario.
De dichos casos, citó que algunos de esos sujetos perpetradores fueron servidores públicos que pueden buscar ser votados en un cargo popular, lo cual consideró como inadmisible ante los actos que cometieron.
Para ello, su proyecto de adhesión y reforma a la Constitución local le da facultad al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) de analizar a los posibles perfiles y de detectar la conducta prohibida le negará el registro.
Mientras que en conjunto con el tribunal en la materia de Hidalgo deberán crear un registro estatal de personas sancionadas por violencia familiar y de género; acciones que, expuso, contribuirán a los instrumentos disuasivos.
En ese sentido, Marcelino Tovar expresó que al asentar su iniciativa en el plano constitucional y no en el código electoral local se evita que haya un deslinde de los acusados al decir que no está en el marco legal de la entidad.
Finalmente, la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) expresó en tribuna que de aprobar su iniciativa se dará paso a una igualdad sustantiva y creación de mejores instituciones con personal correcto.
El documento fue enviado a la primera comisión permanente de Legislación y puntos constitucionales para ser analizada y de no tener observaciones pueda ser sometida al voto del pleno en sesión próxima.
