Hidalgo tiene en el Senado dos escaños de Morena que se suman a la batalla iniciada por el presidente López Obrador para desterrar el monopolio de la justicia desde la reforma al Poder Judicial.
Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa van en línea directa a la aprobación de la reforma al Poder Judicial; mientras que Carolina Viggiano, del PRI, se adhiere a los 43 senadoras y senadores de la nación que, unidos, lograrían echar atrás la reforma sobre el último bastión estructural de la derecha en México.
¿Qué pasa si la reforma no pasa?
En los entretelones de la reforma no se está jugando, como señala la estructura burocrática del Poder Judicial, la “libertad, democracia y autonomía del Poder Judicial”. En los hechos, este argumento es un despropósito de la estructura burocrática del PJ, porque como poder público, históricamente, ha hecho lo que se le ha pegado la gana en cuanto a la procuración e impartición de la justicia; al grado, que pese a ser ineficiente y a que la ciudadanía ha pagado los platos rotos de su ineficiencia, su estructura burocrática se victimiza a través del paro y lloriqueo, y organiza el frente común con las y los 43 senadores que pueden detener la reforma al Poder Judicial.
Pongamos una hipótesis a la inversa y apoyemos a la estructura burocrática del Poder Judicial en su lucha en pro de la “libertad, democracia y autonomía del PJ”, a título de lo que Karl Popper denominó en epistemología “falsacionismo” para probar si una realidad es verdadera o falsa.
Hipótesis
El Poder Judicial es el ejemplo pleno y claro de un poder público que en la historia de las fuerzas de la derecha del antiguo régimen se ha caracterizado por procurar e impartir justicia pronta, expedita, eficiente para las y los mexicanos y que tiene a México en el concierto internacional como uno de los países con menor peso delictivo y de delitos en contra de ciudadanía. Ha logrado la pacificación del país, los mexicanos viven en plena seguridad y armonía y, la delincuencia organizada y desorganizada vive en su mínima expresión y bajo el pleno control del peso de la justicia y del largo brazo de la ley.
Pruebas empíricas
De acuerdo a INEGI, “mientras que en 2010 se registró una tasa de 30 mil 535 delitos por cada 100 mil personas; en 2018, la tasa fue de 37 mil 807 y el promedio de delitos por víctima pasó de 1.27 a 1.34. En ese mismo año, 33.9% de los hogares mexicanos tuvieron al menos una persona víctima de la delincuencia. Los datos indican que para el periodo 2010-2018, en promedio, 22.1 millones de mexicanas y mexicanos fueron víctimas de algún delito. Sin embargo, la capacidad de respuesta institucional para prevenir, investigar y sancionar la actividad criminal es limitada”. Nota: cifras anteriores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. “En 2022, 27.4% de los hogares en México tuvo, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. En 2022 hubo 21.1 millones de víctimas de 18 años y más. La tasa de prevalencia delictiva fue de 22,587 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra inferior respecto a 2021. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en la calle o transporte público y extorsión. En 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos. De estos, 92.4% no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra negra”. Nota: cifras durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Si atendemos al científico Karl Popper y su método de investigación falsacionista, la lectura de la eficiencia del Poder Judicial que mantiene el monopolio de la procuración e impartición de justicia en México, implica que ni antes ni durante el gobierno de López Obrador el Poder Judicial se ha caracterizado por ser un poder público con una estructura burocrática eficiente, pese a que hoy señala que tiene una expresa preparación profesional y académica. Por el contrario, el PJ genera un saldo funesto, de números rojos que empañan históricamente la procuración e impartición de justicia de la nación.
En este escenario, ¿debe existir una reforma al Poder Judicial o, bien, ante las cifras históricas que ha experimentado en su déficit en la procuración e impartición producto de la actuación de sus magistradas y magistrados, juezas y jueces, ministerios públicos y estructura llana, deben ser premiadas y premiados, reconocidas y reconocidos por su eficiencia a toda prueba?, ¿dónde está la responsabilidad histórica del Poder Judicial ante su déficit de impartición y procuración de la justicia que por décadas han sufrido millones de mexicanos?
Es evidente, como señaló en entrevista “Cara a Cara Effetá” realizada a Carolina Viggiano, senadora por la República y que será una de las y los 43 senadores que votará en contra de la reforma al Poder Judicial, que: el Poder Judicial es ineficiente. Sin embargo, la oposición al gobierno en turno votará en contra de la reforma al Poder Judicial.
Si Karl Popper, un científico reconocido y de talla internacional, sometiera a investigación la eficiencia del Poder Judicial en México diría lo mismo que señala Carolina Viggiano: el Poder Judicial es ineficiente.
¿Qué pasa si la reforma no pasa?
