2025 se perfila en la prospectiva de la seguridad pública en Hidalgo, donde el incremento del presupuesto del ejercicio fiscal será encauzado hacia una modernización en el marco de transversalidad que tendrá la reforma del Poder Judicial en el orden jurídico de la nación.
Hidalgo, desde el Congreso local, ha intensificado los trabajos de prospectiva en materia de seguridad pública para priorizar el impacto de un presupuesto que sembrará condiciones preventivas y de avanzada en infraestructura, cuerpos policiales, reingeniería de procesos de seguridad y logística programada; áreas que incrementarán la respuesta hacia la ciudadanía para armonizar las tareas planteadas en los protocolos y planes de seguridad pública.
Es pertinente apreciar que el trazo de la reforma judicial en los estados del país ya comienza a generar las medidas de reingeniería en materia de seguridad pública y en la conformación de una nueva estructura burocrática de servidores públicos para garantizar que el Estado Democrático de Derecho amplíe las funciones de seguridad pública y cree una fuerza que ciudadanice y salvaguarde la protección social.
En este cambio vertiginoso de la estructura del Poder Judicial y su transversalidad con el aparato de seguridad pública del Estado, sobresale la disposición del gobernador Julio Menchaca para crear nuevos instrumentos de apoyo a la ciudadanía para determinar los factores de riesgo en torno a la seguridad pública como lo implican las lógicas de los estados preventivos a nivel internacional. Se recordará que en la visita del embajador norteamericano Ken Salazar a Hidalgo, la visoria del tema de seguridad pública en un diálogo abierto con el gobernador Julio Menchaca tocó inconvenientes básicos de la problemática que comparten México y Estados Unidos para trazar nuevas rutas de acción pública hacia el combate a la impunidad, corrupción y delincuencia organizada.
Es en este escenario que el Congreso de Hidalgo juega un papel vital para dotar financieramente al gobierno de Menchaca Salazar de un soporte económico de vanguardia, por ello el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez, se encuentra encabezando los trabajos del techo financiero que brindará el nuevo presupuesto que priorizará en 2025 la seguridad pública.
En este trazo, dentro de las nuevas lógicas que permite analizar la reciente reforma al Poder Judicial, aparece como uno de los puntos nodales los nuevos procedimientos y ampliación de la estructura jurídica que ampara a las víctimas de delitos, lo cual también encauza nuevas lógicas en las conductas de los cuerpos policiales de seguridad pública y en la construcción del imaginario social hacia el respeto que merecen las víctimas.
Históricamente, la ciudadanía ha sufrido frente a los delitos y a la carencia de atención expedita y por la ineficiencia para amparar a las víctimas, cuestión que ha empezado a cambiar bajo el nuevo esquema de procuración de justicia y salvaguarda de la democracia en Hidalgo.
Un aspecto central de los cambios y transversalidad entre la nueva estructura burocrática del Poder Judicial y la seguridad pública es la preservación de la verdad histórica de los delitos, lo cual exige depuración de los procesos e instrumentos judiciales para salvaguardar a las víctimas y garantizar el debido proceso. La verdad histórica de un proceso judicial no es cosa menor, por lo que en la medida que los derechos y garantías sean preservados, y plenamente se garantice la cadena de custodia de pruebas, la certidumbre de juicios y resoluciones irá en favor de la ciudadanía afectada y del amparo a sus derechos humanos.
Hidalgo vive un momento climático de redefinición y modernización de la procuración e impartición de la justicia y preservación democrática, en el expreso objetivo de que la seguridad pública salvaguarde en un plano de maximización de las garantías de los ciudadanos su integridad en un nuevo marco evolutivo de la justicia y la paz social.
