Las acciones de representación social implementadas por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, en el marco del sistema penal acusatorio, colocaron a la entidad con el mayor porcentaje del país en materia de vinculaciones a proceso.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, que presenta este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2 mil 607 personas procesadas o imputadas durante el año anterior en el estado de Hidalgo, el 98.4 por ciento (2 mil 567 personas) fue vinculado a proceso penal, mientras que sólo el 1.6 por ciento (40 personas) no fue vinculado.
A la entidad que hoy gobierna Julio Menchaca le siguen los estados de Sonora (96.2 por ciento), Nayarit (96 por ciento), Puebla (95.9 por ciento) y Querétaro (94.9 por ciento).
En contraste, los estados con los peores porcentajes respecto a vinculaciones a proceso de personas imputadas son Zacatecas y Michoacán (0 por ciento), Tabasco (54.5 por ciento), Aguascalientes (63.6 por ciento) y Tlaxcala (75.3 por ciento).
¿Qué significa la “vinculación a proceso”?
La decisión que toma un juez sobre si una persona debe enfrentar un juicio por un delito es conocida como vinculación a proceso.
Dentro de un plazo de hasta 144 horas la autoridad judicial deberá determinar si existen pruebas suficientes para llevar a una persona detenida por cometer un probable delito a proceso y enfrentar un juicio penal; en caso de que no, ordenará dejarla en libertad.
En la audiencia inicial el juez calificará si fue legal o no la detención del sujeto. Por su parte, el Ministerio Público, que en Hidalgo depende de la Procuraduría de Justicia, formulará la imputación, y en este punto se especifica de qué delitos se le acusa y quién lo acusa. Además le solicitará al juez imponer medidas cautelares, por ejemplo, la prisión preventiva.
Mientras tanto, el imputado y su abogado deberán declarar lo que a él le convenga respecto a su situación y pueden solicitar aclaraciones de la acusación de las autoridades ministeriales.
