En el Congreso de Hidalgo se presentó una iniciativa de reforma al artículo 5 de la Constitución Política del estado para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma permitiría, entre otros aspectos, que las comunidades reciban recursos de manera directa para sus proyectos sin la intermediación de los municipios o el estado.
La propuesta armoniza el artículo 5 de la constitución local con el artículo 2 de la Constitución Política federal, reconociendo que la entidad tiene una composición multiétnica. Además, establece a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les permitirá solicitar recursos directamente para el desarrollo de sus comunidades.
Según Prisco Manuel Gutiérrez, titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, esta reforma es relevante debido a la fusión de recursos del Fondo de Infraestructura Social. En este esquema, se retira un 10 por ciento del presupuesto destinado a los municipios y otro 10 por ciento de los estados, formando una bolsa del 20 por ciento del total.
Dicha bolsa, que ascenderá a aproximadamente mil 400 millones de pesos para el estado de Hidalgo, beneficiará a cerca de mil 400 comunidades. Cada una de ellas podría recibir entre 100 mil pesos y 3 millones de pesos para diversos proyectos.
“Hoy, más de mil 400 delegados cuentan con personalidad jurídica, lo que les permite elaborar proyectos ejecutivos, gestionar recursos y realizar trámites oficiales. El sello del delegado adquiere un poder autónomo que le permite representar a su comunidad de manera directa”, explicó Gutiérrez.
La ejecución de los recursos será supervisada por la propia comunidad, ya que cada proyecto deberá contar con un comité de obra y un comité de vigilancia. Sin embargo, serán los servidores de la nación quienes vigilarán el correcto uso de los fondos.
El funcionario exhortó a los delegados a actuar con transparencia y rendición de cuentas para no afectar a futuras administraciones.
“El delegado dura sólo un año en el cargo. Si hay alguna observación en el manejo de los recursos, el siguiente delegado tendrá la responsabilidad de solventarla”, agregó.
Además, la iniciativa contempla el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo que permitiría el desarrollo de modelos educativos acordes a sus lenguas, la protección de la medicina tradicional y la preservación del medio ambiente.
