Los infaustos acontecimientos en materia de seguridad en el estado de Jalisco, donde las versiones de la maquinaria mediática de la derecha han creado un clima de confusión comunicacional, refuerzan la necesidad de fortalecer en Hidalgo la configuración del sistema integral de seguridad pública.
Una de las fortalezas que ha presentado el gobierno de Julio Menchaca fue la visualización sobre las implicaciones de fortalecer la seguridad pública en la entidad como una medida cuya transversalidad operativa le permitiera subsanar el juego de luces y sombras políticas desde la impartición y procuración de justicia del Poder Judicial, que dio inicio Santiago Nieto -quien recientemente visitó Hidalgo- con la cruzada contra la corrupción e impunidad.
En este trazo, cerrar la pinza entre la procuración e impartición de justicia con la seguridad pública ha sido una de las premisas que cotidianamente mantienen los trabajos en materia de seguridad en los acuerdos del gobernador Menchaca Salazar, pero, también, se ha edificado en la erradicación permanente de las estructuras delincuenciales que operan en el huachicol y asaltos carreteros como uno de los focos de atención operativa de la seguridad pública.
Si algo caracteriza a la administración del gobierno de alternancia de Julio Menchaca es que no existe improvisación pública. En este sentido, se percibe que los procesos de integración de un sistema eficiente de seguridad se han reforzado, lo mismo desde el C5i que en los programas operativos de vigilancia, no obstante, aún el camino no está terminado y hay mucho por hacer.
El trazo estratégico de un sistema integral de seguridad pública a nivel internacional estriba en que suele operar sobre polos de delincuencia en desarrollo, es decir, no se dejan crecer las áreas o zonas de vacío en seguridad y ello empuja a la reducción de esta problemática. En este trazo, la seguridad pública y su transversalidad suele ubicar relaciones estrechas con sectores de desarrollo económico, educativo, cultural y social.
Hidalgo debe ser visto como una realidad heterogénea en materia de seguridad pública, pero con una respuesta homogénea en su estrategia integral de respuesta ciudadana. En este sentido, no se puede disociar la seguridad pública de la democratización de las estructuras gubernamentales porque ello afianza su carácter de horizontalidad y ciudadanización capaz de interrelacionar una diversidad de variables que pueden -y en los hechos lo hacen- incidir en el fortalecimiento del sistema integral de seguridad pública.
Economía, política, educación y cultura son eslabones de una misma cadena que crea sociedades con mayor capacidad deliberativa, crítica y de adhesión y armonización a las tareas gubernamentales. Estos vectores deben ser armonizados en Hidalgo para lograr que la seguridad pública se erija como el eje de articulación transversal para el fortalecimiento del tejido social.
En este trazo, la prevención del delito aparece ligado a la cultura de la denuncia -para la cual deben incrementarse los protocolos de anonimato- como el epicentro de variables que inciden directamente en la estabilidad de los procesos en materia de seguridad pública. Históricamente, los ejemplos se multiplican en relación a la creación de un aparato de Estado preventivo porque permite crear andamios ciudadanos proclives al fortalecimiento administrativo y de poder orgánico del ejercicio público. Al contrario, los Estados punitivos históricamente han fracasado y suelen convertirse en instrumentos de terror social como lo ocurrido en la administración del expresidente Felipe Calderón o el atroz ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador.
Ejercer una gestión gubernamental oportuna y preventiva en la creación de un sistema integral de seguridad pública podrá incidir en la armonización de los procesos y retos que enfrenta el gobierno de alternancia de Julio Menchaca para diseñar escenarios de respuesta y responsabilidad hacia la seguridad ciudadana, evitando el juego de luces y sombras que hoy priman en diferentes latitudes de la nación.
