Genoveva Martínez
En sesión ordinaria de este jueves, la LXIII Legislatura aprobó y reformó un bloque de iniciativas que presentó el Poder Ejecutivo para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, con lo que el Congreso podrá ser sujeto activo para el combate de este problema.
En primer lugar, el pleno avaló la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, así como cambios en las Leyes Orgánicas Municipal y del Poder Legislativo.
Con las permutas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ahora el Congreso establecerá los procedimientos para la designación de los titulares de los órganos internos de control, facilita a la Junta de Gobierno para proponer diversas convocatorias para designar al Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción y constituir una comisión de selección.
Asimismo, armoniza la facultad fiscalizadora del Congreso, así como de la Auditoría Superior del Estado, modificaron el nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica Municipal, determina el proceso de selección del contralor municipal o responsable de órgano de control interno, también menciona las causales para designar o remover a este funcionario.
La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado menciona, principalmente, la eliminación del principio de anualidad, para que inicie el primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, faculta a revisar de manera casuística y concreta la información de estas cuentas públicas.
De igual forma, este reglamento promueve acciones o denuncias para imponer sanciones administrativas y penales, implementar auditorías en tiempo real y homologan los plazos presentar cuentas públicas, conforme la legislación federal. En su intervención en tribuna, la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, reconoció que la participación de la sociedad para el combate a la corrupción será fundamental.
