Pachuca de Soto, Hidalgo. La organización Buscando Vidas y Justicia por México, encabezada por su presidenta y fundadora, Mayra González Ángeles, realizó este jueves un bloqueo vial en el perímetro de la Plaza Juárez para exigir respuestas ante las desapariciones en el estado y la falta de identificación de cuerpos en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).
“El bloqueo es porque todas las personas que ven aquí buscamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Las autoridades han sido omisas, indiferentes, indolentes y no están aplicando el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, denunció González Ángeles.
Los manifestantes señalaron que las autoridades han negado el acceso a los contenedores donde se resguardan cuerpos sin identificar, lo que impide a las familias conocer si sus seres queridos se encuentran ahí. “No tienen nombre, rastro ni identificación”, explicó la activista.
A pesar de solicitar de manera pacífica reuniones con diferentes instancias, afirman que el gobierno ha sido omiso y sólo envía a funcionarios de menor rango. “Debería ser un equipo multidisciplinario el que atienda esto, pero apenas ahora se están acercando”, añadió.
Hasta 10 desapariciones diarias
Aunque no existe una cifra oficial clara, el colectivo estima que en Hidalgo desaparecen entre 8 y 10 personas cada día. Sin embargo, denuncian la autoridad no ha brindado apoyo y sólo se pronuncia cuando hay bloqueos o protestas.
“Sólo cuando ven afectaciones en entradas o salidas se acercan a las familias. Si no hacemos presión, no nos escuchan”, afirmó González Ángeles.
Los manifestantes buscan establecer una mesa de trabajo con representantes del Servicio Médico Forense, la División Científica, la Procuraduría de Justicia, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de Víctimas. Esta última fue duramente criticada por el colectivo, calificándola como un “elefante blanco” que no ha cumplido con su función desde su creación hace más de dos años.
Las familias de desaparecidos insisten en que el gobierno debe garantizar la identificación de cuerpos y aplicar protocolos adecuados de búsqueda para dar justicia a las víctimas.
