Luego de la votación fallida en el Congreso para elegir al siguiente ombudsperson, 82 defensores de garantías individuales y 46 organizaciones manifestaron su desacuerdo por las tendencias que se vieron ese día, miércoles 22 del presente, en la sesión ordinaria del Legislativo.
Por lo que a través de un posicionamiento conjunto, se mostraron en contra de que el actual presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Javier Ramiro Lara Salinas, a quien describieron además como el “candidato oficial”, sea el que quede en el puesto.
Y es que expusieron que además de tener una cercanía con el Ejecutivo de la entidad, también posee un historial de atentados e hicieron una remembranza como cuando fue funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) del 3 de septiembre de 2016 al primero de julio de 2017.
Tales son las recomendaciones:
R-VG-0014-16 por violaciones al derecho de integridad y seguridad personales; tortura y lesiones.
R-VG-0015-16 por tortura y lesiones.
R-TA-0017-16 por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal y tortura.
R-VG-0019-16 por incumplimiento de la función pública en la PGJEH, dilación en la procuración de justicia e irregular integración de la carpeta de investigación.
CDHEH-IXM-0377-14 por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
R-VG-0001-17 por ejercicio indebido de la función pública, insuficiente protección de personas y negativa de asistencia a víctimas del delito.
CDHEH-TD-0020-15 por penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
CDHEH-VG-0663-15 por violación a los derechos del niño; lesiones y tortura.
Sin embargo, de lo anterior Lara Salinas argumentó en su entrevista ante la comisión de derechos humanos y atención a personas con discapacidad de la Cámara que los expedientes no fueron en su periodo, pero los activistas asentaron que los folios R-VG-0015-16 y R-TD-0002-17 sí lo fueron.
Posteriormente, el ombudsperson interino ingresó como visitador general de la propia comisión estatal de derechos y las recomendaciones a la PGJEH disminuyeron, siendo dos en 2018, dos en 2019 y ninguna en 2020 ni 2021. Por lo que los inconformes reiteraron su petición a diputados de que la presidencia sea para organizaciones.
“Esta sería una decisión histórica a la altura de los cambios políticos y sociales que se están viviendo en México. Votar por el exprocurador es alimentar la opacidad y poca eficacia en la que ha vivido este organismo, es violentar la dignidad de los hidalguenses”, asentó el posicionamiento publicado en redes sociales.
Ante ello, el grupo exigió a los asambleístas que consideren los antecedentes que vertieron antes de emitir su sufragio al nuevo dictamen que enviará la comisión permanente de derechos humanos, de lo que aún no hay fecha, pero aseveró no querer una persona que moralmente no podría representar al ente.
En contraste respecto a los comentarios de Lara Salinas, los 82 defensores de derechos humanos y 46 organizaciones reiteraron su respaldo al actual director ejecutivo los Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (Seiinac) y aspirante a ombudsperson estatal, Rafael Castelán Martínez.
