La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca han dado inicio a la reestructuración del modelo de financiamiento de vivienda en Infonavit y su reforma dentro de un programa nacional que enfrenta los resabios de una deuda pública que lastimó de manera brutal a las y los trabajadores de México.
El banderazo de arranque del programa de vivienda en San Agustín Tlaxiaca presenta el trasfondo analítico de una herencia oprobiosa del manejo de créditos y otorgamiento de vivienda en Infonavit, cuestión disfuncional y que heredó deudas eternas e impagables a las familias de trabajadores. Sin embargo, también las irregularidades del contubernio público entre Infonavit y empresarios del gremio inmobiliario generaban desde la corrupción a gran escala y la triangulación con municipios en el uso de suelo y el despropósito del crecimiento habitacional sin regulación, una deuda pública de buitres y mercenarios que debe quedar decapitada frente a los instrumentos y transparencia de la reforma al Infonavit.
El pronunciamiento de la presidenta Sheinbaum Pardo es claro: “vamos ordenando la deuda pública de Infonavit”, como estructura de vivienda cuyos pies de barro no pueden continuar de manera inalterable en un modelo anárquico y pletórico de inconsistencias que desgastó y erosionó el patrimonio, confianza y credibilidad de las y los trabajadores en México.
En este trazo, la crítica de Sheinbaum Pardo en términos de realpolitik en el ordenamiento a la deuda pública del Infonavit permite advertir que las lógicas estructurales del antiguo régimen crearon condiciones intrincadas para la malversación pública en una cadena de rapacidad, corrupción y cuyos efectos encadenaron deudas a las y los trabajadores que permitía la pervivencia de una malversación pública generacional.
La Estafa Siniestra, de la cual el contralor de Hidalgo, Álvaro Bardales, ha señalado que operaba en la oscilación gubernamental y de partido del antiguo régimen, también encontró estelas de degradación en el Infonavit. Esta atmósfera esgrime con claridad que estamos frente a un problema de corrupción institucionalizada, donde se gestó un sistema de malversación pública regido por la verticalidad de la toma de decisiones gubernamentales.
En este escenario, las críticas realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a la cadena de corrupción en Infonavit y la imperiosa necesidad de crear un modelo de vivienda que no cree deuda generacional, se asume como uno de los retos de la reforma al Infonavit y a la estructura de instituciones que manejan fondos para la adquisición habitacional de las y los trabajadores de México.
No obstante, es menester observar a detalle que la corrupción institucionalizada en el antiguo régimen causó tal anarquía en el contubernio entre Infonavit y el sector empresarial inmobiliario, que el deterioro de las lógicas de planeación urbana presenta afectaciones no sólo al medio ambiente, sino a la estabilidad de las obras que han incidido lo mismo en la depredación de ecosistemas que en la erosión del suelo, inundaciones y asimetría de coexistencia social que impactan también a la salud pública.
El amargo sabor de boca que deja la rapacidad pública que se replicó por décadas frente a Infonavit es la mejor prueba empírica de que la corrupción no sólo le roba al pueblo su soberanía patrimonial, sino, también, su soberanía económica.
Hidalgo da el salto cualitativo de un nuevo modelo habitacional del que se espera estabilidad y salud financiera para las familias y la consolidación de un uso de suelo acorde a la preservación social, donde ordenar la deuda pública de Infonavit no implique sacrificar al tejido laboral en beneficio de la asimetría de las relaciones de privilegios que históricamente hicieron de la corrupción y malversación pública, la deuda odiosa generacional que debe ser extirpada en México.
