En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha ocasionado el colapso social a través de la intervención radical de la ultraderecha en todas las esferas del gobierno y sus impactos sociales ya son una pesadilla. En México, López Obrador se aseguró de instaurar un gradualismo político que depurara al antiguo régimen, pero al paso de “suavecito y cooperando”, como sucedió con el control de la evasión fiscal de los grandes consorcios económicos y los programas sociales de gobierno.
En las Rutas de la Transformación de Julio Menchaca, el gradualismo político tiene dos vectores: En primer término, asegurar que la aplicación de la ley se convierta en justicia social para aminorar el impacto de las asimetrías y desigualdades que han imperado en la historia de la ciudadanía en Hidalgo, y que la planeación pública a largo plazo se una al proyecto de continuidad política trazado más allá del próximo sexenio de Claudia Sheinbaum.
La lectura política en la prospectiva del segundo piso de la 4T apunta a la transformación y creación de una nueva constitución, que daría paso a la probabilidad de crear un nuevo contrato social. Por ello, el trazo de la mayoría calificada en el Congreso federal más el poderío de los Congresos locales en manos de Morena permitiría trazar la dirección hacia una convención constituyente y derogar la Constitución de 1917, cuyos alcances y candados han sido rebasados y obstruyen para operar las nuevas lógicas políticas de la nación en el concierto internacional.
Aún es muy temprano para aventurar un pronóstico contundente sobre los vectores de la mayoría calificada en el Congreso federal, así como en el Congreso local de Hidalgo, pero algo está claro: el gradualismo político irá acompasado de pronunciamientos de Sheinbaum hacia la operación política desde el Congreso federal y hacia sus réplicas locales.
¿Por qué asumir que la 4T requiere un nuevo contrato social?
Si observamos la trascendencia de la evolución política de la nación, el periodo de la Independencia desencadenó en la instauración de una Constitución que empoderó la emancipación política; la época de la Reforma también hizo lo propio con el contrato social y sus leyes trascendieron en la autonomía frente a las grandes potencias de la época; de igual forma, la Revolución culminó con un contrato social de vanguardia que cumplía con la transformación y un nuevo esquema de horizontalidad social; la 4T de López Obrador avizora una recomposición del contrato social, por lo que pensar en la construcción de una nueva constitución se antoja como el eje articulador de la hegemonía política de la izquierda mexicana.
El gradualismo político en el gobierno de Julio Menchaca también deberá ir acompañado de una nueva constitución local, suceso que marcaría un hito en Hidalgo y que permitiría quitar los candados que han impedido la transformación social. Se trata, en lo sustantivo, de ir a las entrañas de la operatividad del Congreso y con ello asegurar el 2ºPiso de la transformación desde el 4ºPiso de gobierno.
El nuevo contrato social está en puerta; sin duda es el colofón natural a las acciones de depuración del sistema político en México, que no puede operar desde las lógicas de la nueva mayoría política guinda sin trascender desde la creación de una nueva constitución.
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