Rumbo al arranque de las elecciones generales en México, que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio, Transparencia Internacional ha revelado el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (IPC), en el que nuestro país obtuvo una puntuación de 35, donde 100 corresponde a una percepción de ausencia de corrupción y 0 es una percepción de muy corrupto. De este modo, estamos ubicados en la posición 95 de los 167 países analizados.
En América, México se ubica en la posición 25, pero sus socios de América del Norte ocupan los primeros lugares y países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe aparecen como menos corruptos que nuestro país.
Estos datos evidencian lo que ya muchos saben: la corrupción es una epidemia en la sociedad mexicana; no se trata sólo del gobierno en sus distintos niveles, sino una forma de vida en el seno de toda la sociedad, una forma de ser de la mayoría de los mexicanos, que siempre tratan de infringir las leyes y las normas sociales para lograr sus fines.
El Doing Business del Banco Mundial (pese a las reformas aprobadas por el gobierno federal en 2013) señalaba que la corrupción, el tráfico de influencias y el abuso del poder han hecho que México se sitúe en la posición 38 entre los 189 países respecto a la facilidad para realizar negocios. Hoy nuestro país se ubica en la posición 49.
En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un estudio sobre la evaluación de la calidad de vida en veintiocho de sus países miembros, señalaba la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos, precisando que había un continuo deterioro en este sentido, aun cuando el 10 por ciento todavía cree que tiene alguna influencia en las acciones de la administración púbica de sus países. En México, la desconfianza en el gobierno iba en aumento según la OCDE y la intención de participación de los ciudadanos en las elecciones iba en caída.
La corrupción en México ha abarcado a toda la clase política nacional y sus partidos. Es difícil pensar que los electores no tengan memoria y olviden lo que han vivido en estos años con los reiterados escándalos de corrupción, en los que participan funcionarios del gobierno federal, gobernadores y presidentes municipales.
La Ley Nacional Contra la Corrupción y el sistema de leyes secundarias que se desprenden de ella, la Fiscalía Nacional Anticorrupción y las Fiscalías de los Estados Parecen incapaces de enfrentar este cáncer, sobre todo porque en los Consejos Ciudadanos Anticorrupción se han incorporado funcionarios corruptos que han infringido las leyes y escapado de la inhabilitación gracias a sus padrinos políticos que los han salvado.
Por todo ello, es probable que próximamente México viva experiencias como la colombiana y brasileña, donde los narcotraficantes y corruptos terminan controlando el gobierno.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
