Mexicanos, a merced de la reforma energética

“Todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto tenga el mayor valor posible. Generalmente no pretende promover el interés público ni sabe cuánto lo está fomentando. Lo único que busca es su propia seguridad, sólo su propio beneficio. Y al hacerlo, una mano invisible lo lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Cuando busca su propio interés, a menudo, promueve el de la sociedad más eficientemente que si realmente pretendiera promoverlo”.

Adam Smith

 

Liberar el mercado de la energía propicia dar rienda suelta a la especulación, frente a la incapacidad del Estado para regularlo.  El mejor ejemplo de la incapacidad de la autorregulación de los mercados lo ha ofrecido la crisis de los “subprimes” en 2008, la cual originó la crisis actual del capitalismo; ésta demostró que los mercados son incapaces de regularse por sí mismos y que la teoría de la mano invisible de Adam Smith es inoperante para hacer que la oferta y la demanda encuentren su equilibrio simultáneamente en los mercados.

Para evitar la quiebra de bancos y empresas, entre ellos el Banco de América y Ford Motor Company, el gobierno de George W. Bush debió intervenir empresas y bancos para evitar su quiebra y una catástrofe mayor de la economía. Por primera vez se instauró el “socialismo de Wall Street” en Estados Unidos, heredando una economía en ruinas al presidente Barack Obama. Más tarde, en el seno del Grupo de los 20 (G20), los líderes de los países desarrollados expresaron la necesidad de la intervención del Estado en la economía para regular los mercados.

México, luego de las reformas económicas iniciadas posterior a la crisis de la deuda en 1982 y en vísperas de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá -creando con ello una zona de libre comercio donde cada Estado mantiene sus aranceles para el comercio con terceros países y eliminándolos para los flujos comerciales y de capital entre ellos-, había reservado los mercados de las telecomunicaciones y de la energía; sin embargo, la reformas del presidente Enrique Peña Nieto de 2013 los han liberado y a partir de 2017 los ciudadanos sufrirán las consecuencias.

Dentro de la teoría económica, la intervención del Estado en la economía propicia deficiencias en la formación de los precios, al igual que la existencia de monopolios como en el caso de Pemex y la CFE en los mercados de los hidrocarburos y de la energía eléctrica; por lo que se recomienda eliminar los monopolios para dejar que la oferta y la demanda sean quienes determinen los precios libremente en los mercados.

La idea central es que los consumidores premien con su demanda a aquellos productos de mayor calidad y precios más bajos, que satisfagan plenamente sus necesidades; castigando a aquellos productos de baja calidad y precios más altos. Sin embargo, esto implica la existencia de competencia perfecta en los mercados, donde todas las empresas puedan competir en igualdad de condiciones y no puedan manipularlos. Ello quiere decir que habría un número infinito de compradores y vendedores, que no existiría ninguna barrera a la entrada o a la salida de cada mercado; la movilidad de todos los factores de producción; acceso a la información en igualdad de condiciones; que no haya costos por las transacciones; maximización de beneficios; homogenización de productos y rendimientos a escala constantes. Sin embargo, para que lo anterior se pueda dar, la corrupción no debería existir en nuestro país, algo que hoy es inverosímil.

El reciente desabasto de gasolina en algunas regiones del país, atribuido a una supuesta sobredemanda y robo de combustible (según Pemex), no hace sino poner al descubierto la fragilidad de una economía de mercado  y la incapacidad del Estado para regular su funcionamiento. El desabasto y la escasez serán constantes durante 2017; todos tratarán de sacar ventaja de la compra de gasolina barata y de su venta cara.

Si alrededor del planeta hay enormes buques petroleros cargados con petróleo barato a la espera de que suban los precios para venderlo, ¿quién puede impedir que en México se acumule la gasolina para ser vendida más tarde al doble de su precio? Lo lógico sería que sin ninguna intervención del Estado, sean los compradores y vendedores de gasolina los que desde ahora determinen el precio de la gasolina; pero lamentablemente, las imperfecciones del mercado, con la corrupción como mediador, hacen imposible que la oferta y la demanda de gasolina encuentre su precio de equilibrio, más aún con la política de precios anunciada para 2017 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al anunciar precios máximos de los hidrocarburos para 2017, de 14.2%, 20.1% y 16.5% para gasolinas Magna, Premium y el diésel, respecto al precio máximo observado al concluir 2016, el gobierno muestra que el proceso de liberalización gradual del mercado en cinco etapas es aún ficción y provocará más deformaciones de las que ya hay. ¿A quién le interesa vender gasolina barata si la puede ofrecer a su precio máximo en otra región?, ¿a quién le interesa gastar su dinero para reducir su margen de ganancia hoy, si aumentando sus existencias podrá duplicarlas en el futuro?

Inevitablemente, el Estado tendrá que multiplicarse en 2017 para hacer del mercado de los combustibles el baluarte de su reforma energética, para evitar el acaparamiento de las gasolinas y la escasez, para no castigar más a los consumidores en 2017, los cuales serán electores potenciales en 2018 y podrían castigar la mala conducción del país, el empobrecimiento de los hogares, el aumento de la corrupción y el deterioro generalizado del nivel de vida de los ciudadanos, pues finalmente el aumento de los precios de las gasolinas se reflejará en el aumento de los costos de producción de miles de productos y servicios, e inexorablemente, en la reducción del poder adquisitivo en los hogares.