La reparación del daño por malversación pública pone fin a la tragicomedia que protagonizó el expresidente municipal de Pachuca, Eleazar García Sánchez, quien se declaró culpable de los delitos de peculado y de uso ilícito de facultades y atribuciones, pero librará la cárcel, lo cual evidencia una vez más que la ley sólo se le aplica a los pobres y a los ingenuos.
Es verdad que cada delito conlleva una sanción, pero los perpetrados por García Sánchez pueden ser subsanados con la reparación de daño económico; sin embargo, ¿existe reparación del daño a la ciudadanía? Aunque la respuesta es evidente, debemos analizarla.
No se puede reparar el daño a la sociedad por delitos de esta índole, porque mientras suceden, las y los ciudadanos ven truncada la oportunidad de obtener bienestar, calidad de vida, seguridad y dignidad humana. Además, cuando un funcionario incurre en daño patrimonial y social, como García Sánchez, la ciudadanía queda a un lado, porque la “planeación municipalista” se ve obstruida y con ella el desarrollo humano.
Aunado a esto, la justicia tardía es injusticia, porque un funcionario que malversa fondos públicos disfruta de ellos mientras no sea señalado, de modo que puede invertir el dinero ilegalmente sustraído del erario y crear negocios que le redituarán mucho más. Esto nos hace preguntar: una vez que se detiene al funcionario público y se prueba su culpabilidad, ¿si repara el daño se investiga la procedencia del dinero con el que paga su falta?, o bien, ¿el dinero sucio lava la legalidad?
Escabroso resulta cuestionar la legalidad existente en materia de administración pública y, desde luego, más allá de esta. Sin duda, es evidente que la ley y su ingeniería deja en indefensión a la ciudadanía en casos en los que proceder contra el erario público asemeja el paseo de un niño en el parque tomándose un helado.
Debe, en México y desde luego en Hidalgo, existir una revisión y reorientación de los códigos penales a nivel de los servidores públicos. Lo ocurrido, de manera sórdida y absurda, con García Sánchez pone en tela de juicio los principios jurídicos del sistema de procuración e impartición de justicia, que hacen posible una realidad de esta magnitud y la pantomima escénica que genera frente al desconcierto de una sociedad que se siente burlada y humillada.
Es verdad: muerto el perro se acabó la rabia… pero los que se murieron por causa de su mordedura, ya no regresarán de ultratumba.
