Producto del incidente protagonizado por los miembros del Congreso local durante la comparecencia de la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Género, Luz María Ramírez Pérez, asociaciones civiles y activistas pro derechos humanos de Hidalgo, expresaron su descontento ante esta situación, y en donde manifestaron que la legislatura quedó a deber a favor de los sectores más desfavorecidos, en especial de las mujeres.
En un documento suscrito por las representantes de asociaciones civiles, estos colectivos externaron su preocupación y molestia por el desconocimiento que han mostrado las y los diputados locales a lo largo de la 64 Legislatura respecto a los temas de derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, además que resaltaron su falta de interés en investigar, argumentar y fijar posturas con perspectiva de género y derechos humanos.
Sobre esto, afirmaron que existen omisiones y falta de compromiso recurrentes por parte de los grupos legislativos, tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la diputada por parte del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), Viridiana Jajaira Aceves Calva, en donde aseguraron que esto llevó a prácticas de negligencia para la garantía de los derechos humanos.
En ese sentido, rememoraron los casos de la diputada priista Adela Pérez Espinoza, que aun siendo parte de la Comisión de Igualdad de Género votó en contra del derecho de las mujeres a decidir, o el incidente encabezado por el legislador morenista Jorge Mayorga Olvera durante la discusión sobre la despenalización de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el mes de diciembre del 2019, al comparar dicha actividad con actos de crueldad animal.
Por otro lado, criticaron que la legislatura local se haya autonombrado de la paridad cuando no llevaron a cabo reformas necesarias para la despenalización de la ILE, y que desconozcan los procedimientos para activar la alerta de género, las instancias para la prevención del delito y de procuración de justicia, y sobre las instituciones encargadas de llevar los datos sobre incidencia delictiva en el estado.
Además, refirieron que todos los grupos de activistas hicieron acercamientos a las y los asambleístas para capacitarlos en cuanto al manejo y el abordaje de los temas, pero que simplemente no hubo interés en fortalecer estos conocimientos para abordarlos de forma objetiva, con lo que determinaron que “quedaron a deber a niñas, niños, adolescentes y mujeres”.
Ante este panorama, las asociaciones aseveraron que en la 64 Legislatura Local “brilló por su ausencia el lenguaje incluyente y la seriedad por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes”, por lo que se oponen a que las causas que defienden dichas organizaciones se utilicen “para demostrar que se están trabajando o hay interés cuando no tienen recursos etiquetados y suficientes para las estrategias de prevención y atención”.
Así mismo, hicieron un exhorto para que, en caso de que se requiera hacer comparecencias a funcionarios sobre temas que tengan que ver con grupos vulnerables, que se informen de manera adecuada, y que se deje de usar la obligación de legislar sobre los derechos de las mujeres como banderas políticas, y sobre todo, que mejoren sus prácticas legislativas.
