Los cruentos acontecimientos ocurridos en Jalisco develan que es necesario ampliar el horizonte de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en Hidalgo.
En esta lógica, el gobierno de Julio Menchaca ha anunciado una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para seguridad y justicia; no obstante, es necesario replantear lo hecho hasta ahora en materia de políticas públicas en seguridad ciudadana.
En este trazo, los índices delictivos en Hidalgo en 2023 registraron un aumento del 18.5% en la tasa de prevalencia delictiva, lo que implica que, por cada 100 mil habitantes, existieron 17 mil 863 víctimas. Lo cual, pese a que las cifras en correlación a otras entidades como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán se mantienen en estimaciones menores, es necesario replantear y fortalecer lo hecho hasta ahora.
Empero, la generación de políticas públicas de seguridad ciudadana en el gobierno de Julio Menchaca en Hidalgo han ido en aumento, y el escenario en materia preventiva y de protocolos de control y contención también han ido fortaleciendo el esquema de seguridad de la zona centro del país. En este escenario, las metas específicas de prevención y control del delito son una tendencia en la seguridad ciudadana que aleja a Hidalgo de problemáticas complejas.
En este trazo, los avances en materia tecnológica se han incrementado y los delitos de alto impacto no tienen una estela dolorosa para la ciudadanía, condición que debe ser ponderada pero que tampoco implica bajar los brazos.
Mis únicos y queridos lectores, las nuevas orientaciones y protocolos en materia de seguridad ciudadana en Hidalgo siguen una ruta de fortalecimiento en torno a los cambios que se están gestando en la estructura burocrática del Poder Judicial para contrarrestar el déficit histórico de respuesta ciudadana y la economía de procesos. En este sentido, la postura de autocrítica del gobernador Menchaca sobre el fortalecimiento del sistema de justicia y de las corporaciones policiacas permite advertir que el trabajo de forma y fondo es un imperativo para la actual administración gubernamental.
En este sentido, no es cosa menor el correlato de leyes que deben crearse y surgir desde el Congreso local para apoyar el marco normativo en materia de seguridad ciudadana. Un Congreso activo en la visoría de la complejidad de los delitos en Hidalgo es necesario para apoyar las acciones preventivas que se han emprendido.
Adicionalmente, el trazo de la planeación gubernamental y de las políticas públicas de seguridad ciudadana debe tener continuidad más allá de la gestión de Julio Menchaca, porque esta lógica permite construir mayores medidas territoriales y activar las acciones de lo que implican los protocolos del Mando Coordinado.
Aunado a esto, debe incrementarse la oferta jurídica de atención a víctimas de delitos violentos y garantizar el debido proceso y su verdad histórica. En consecuencia, la eficiencia legislativa y la armonización de la función de jueces y ministerios públicos identifican un déficit que la reforma al Poder Judicial debe contemplar. De igual manera, el incremento de la violencia intrafamiliar está presentando una prevalencia que debe ser atendida en Hidalgo.
La creación de nuevas políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en Hidalgo puede -y en los hechos lo hace como experiencia internacional- generar una cohesión social que active una prevención efectiva del delito, genere una nueva dimensión cultural del trato a las víctimas y propicie un trabajo coordinado entre los cuerpos de seguridad pública y la ciudadanía.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
