A nivel internacional se han incrementado las prácticas de violencia sexual en instituciones públicas, fenómeno que devela la instrumentación del abuso de autoridad para establecer exhibición, observación e imposición de relaciones sexuales a través de violencia, intimidación y manipulación emocional.
En 2021, el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) expuso que en México se presentaron 321 denuncias ante Comités de Ética y más de 255 ante el Órgano Interno de Control de 82 instituciones de la administración pública en el país.
En Hidalgo, dentro de la palestra pública de personeros emanados de la administración de Omar Fayad, las investigaciones de la Procuraduría de Justicia que encabeza Santiago Nieto señalan denuncias sobre violencia familiar, como la supuesta del alcalde de Pachuca, Sergio Baños, así como la sentencia dictada a Christian Caballero, ex regidor priista también por Pachuca, por violación agravada. Esto debe alertar sobre la recurrencia de delitos sexuales y de género, que expone una cadena de conducta de opresión que suele imponer el poder de la subordinación para causar acoso sexual, o bien, hostigamiento sexual.
Irónicamente, en la administración de Omar Fayad se construyó el acuerdo Protocolo Cero” para la prevención, atención y sanción de acoso laboral y sexual, así como del hostigamiento laboral y sexual, figura que no hizo eco en la pasada gestión y en la actuación de múltiples personeros de la administración pública local, lo que denota la simulación gubernamental con la que se conduce la clase política en Hidalgo, pero también a nivel nacional.
Si el establecimiento de protocolos no es la estrategia adecuada para contener los delitos sexuales en la esfera pública, significa que la corrupción y la impunidad mantienen códigos de anclaje, control y secrecía de estas prácticas delictivas, que se ocultan o mimetizan en múltiples formas de castigo y presión laboral que no han sido expuestas para poder ir en contra de esta propagación de violencia sexual laboral.
Esta degradación del aparato público no denuncia prácticas que implican los delitos sexuales, como la violencia psicológica y física que establece la cadena de subordinación; este es el eslabón que permite establecer la fijación de estas conductas de servidores públicos que naturalizan el acoso y hostigamiento sexual, e incluso el uso de lenguaje inapropiado que produce efectos nocivos dentro de las relaciones humanas y laborales.
La gestión del gobernador Julio Menchaca Salazar se ha caracterizado por destapar las cloacas de la administración pasada, donde la corrupción y la impunidad han situado al peculado, desde el abuso de autoridad, como un mal endémico, pero no el único en la podredumbre de una clase política acostumbrada al “cesarismo” como práctica de control social que ahora devela que el abuso de autoridad de cara a la subordinación de mando es el caldo de cultivo de diversos delitos sexuales en la administración de Omar Fayad que no pueden quedar impunes.
Frente a la inminente salida de Santiago Nieto de la PGJEH queda el reto de erradicar las conductas que originan los delitos sexuales en la administración pública, lo que lleva a la pregunta obligada en este vacío de poder: ¿quién tendrá las competencias y tamaños para cumplir y hacer cumplir la ley?
