La violencia política en Hidalgo atraviesa por el contubernio, la asociación delictuosa y la opacidad legislativa como instrumento de control social y poder sectario; todas ellas son implicaciones de una clase política que por décadas ha sido juez y parte de la realidad social del estado.
El Congreso local en estos momentos no es un espacio político de defensa de la ciudadanía, es una tribuna de simulación que hace del encargo de diputadas y diputados la pasarela y vitrina de lo superfluo e intrascendente por impericia e intereses creados; donde en torno a grandes temas como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, los pueblos originarios, la migración, la seguridad, la distribución de la riqueza y la corrupción política, suceden discusiones sesgadas, precarias e inverosímiles que no permiten construir una verdadera agenda política que corrija la problemática social.
¿Qué mayor violencia política que la espoleada por el juego de intereses creados de un Congreso que incumple el mandato ciudadano y hace del poder legislativo el pillaje sectario?
La podredumbre que entrañan los contubernios políticos y su corrupción con la delincuencia organizada, se esconde al grado que el destape de la cloaca del diputado Edgar Hernández Dañu (vinculado a proceso por narcomenudeo con lógicas de comercio) ha suscitado el deslinde en desbandada del Grupo Universidad y una reacción retrógrada de encubrimiento y tibieza de las bancadas políticas, evitando que inicie un verdadero proceso de investigación que vaya a fondo desde el propio Congreso, como un acto de entereza y moralidad política que contrarreste el gatopardismo de la violencia legislativa que tiene en vilo a la sociedad hidalguense.
Es increíble que la bancada de Morena en el Congreso local esté atada de manos por diputados del Grupo Universidad, cuando los focos de corrupción son mayúsculos y la crisis del paro estudiantil se presenta como una herida a la probidad universitaria y una lección histórica hacia la sociedad en Hidalgo, sin que haya un solo pronunciamiento sensato y profundo por parte de las y los diputados, sólo cortinas de humo y gatopardismo descarado.
El gobierno de Hidalgo vive en una democracia agónica, donde no existen criterios definidos para darle un rumbo definitivo a la crisis política y la violencia legislativa, donde es inadmisible que el Congreso local esté secuestrado por las y los diputados que, a su vez, han secuestrado a la ciudadanía al impedir y obstruir la ley, mientras las asimetrías sociales que son ampliamente palpables en el estado son desatendidas de manera flagrante y escondidas en la retórica de cada sesión.
Este sabotaje sistemático del Congreso local a la ciudadanía es un juego de intereses que explica el contubernio, el peculado y la corrupción de la violencia política como el instrumento idóneo para el secuestro de la libertad y la democracia y, sobre todas las cosas, para estrangular y controlar por la represión y el estómago a la ciudadanía hidalguense, que, en vez de mirar al porvenir, ve con angustia y pesar el día a día de su realidad.
