Al analizar el vertiginoso posicionamiento de Claudia Sheinbaum en la política nacional, aún sin ocupar la primera magistratura del Estado, sobresalen dos condiciones inmediatas: la reforma del Poder Judicial y los crímenes de cuello blanco.
En los entretelones convulsos de la política, Claudia Sheinbaum recibe el apoyo de la hidalguense y excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, para reformar al Poder Judicial; al más puro estilo de la parábola “antes de que cante el gallo, me negarás tres veces”.
Hidalgo, dentro de la administración de Julio Menchaca, emprendió una cruzada desde el Poder Judicial para garantizar la procuración de la justicia y la democracia, centrado en las pesquisas de la malversación pública y los crímenes de cuello blanco que han causado estragos en la administración pública y predispuesto una cadena de contubernios privados que se focalizaron en la Estafa Siniestra en el gobierno del Omar Fayad.
En este escenario, la figura del gendarme custodio, Santiago Nieto, encauzó las directrices que subsisten en la procuración de la justicia y la democracia en Hidalgo pese a no estar ya presente y que ahora habrán de experimentar un viraje frente a la reforma del Poder Judicial, que pretende crear una estructura funcional que desde una elección popular concrete la voluntad ciudadana para su conformación y no se quede a título de discrecionalidad gubernamental.
A nivel de las cúpulas del poder y sus expresiones de élite en la operación política del Estado, la reforma del Poder Judicial se ha convertido en una bandera reivindicatoria de la “libertad y la democracia”, pero como protesta a AMLO y al continuismo de Claudia Sheinbaum, no como un reconocimiento sobre la voluntad del pueblo para elegir a los poderes públicos como ocurre con el Ejecutivo y el Legislativo.
Esta atmósfera trasciende en Hidalgo porque los crímenes de cuello blanco al gobierno propinados por la Estafa Siniestra han develado en el análisis crítico que no sólo se trata de la corrupción que se produjo a través de la malversación pública de desvíos de dinero en municipios, programas sociales y de una red específica de secretarías que permitía su operación, sino porque encierra el poder de una clase política que fue juez y parte en el control de la vida y realidad social en Hidalgo y que no se ha expuesto en este contexto de opresión ciudadana.
Las pesquisas de la Estafa Siniestra, dentro de las lógicas de la reforma al Poder Judicial, tendrán que ser el parteaguas sobre una administración pública en plena transparencia y rendición de cuentas que marque desde la voluntad ciudadana que podrá con su voto renovar los puestos del Poder Judicial, la creación de nuevas lógicas de ascenso de jueces y magistrados y los órganos de procuración e impartición de justicia. Pero en lo sustantivo, la ciudadanía debe demandar eficiencia judicial, la cual ha estado ausente por décadas y de la que nadie habla sobre la reforma del Poder Judicial, que parece erigirse como el bastión de la democracia, pero no de la justicia y mucho menos de la ejecución expedita y pronta de la ley.
En la presente administración de Julio Menchaca, el Poder Judicial en Hidalgo todavía presenta déficits en la procuración de justicia y democracia que no se han podido subsanar y que deben ir a fondo en la Estafa Siniestra para develar la cadena de corrupción pública y privada que primó en los crímenes de cuello blanco que se cometieron y sus posibles resabios en la presente administración.
En este trazo, la responsabilidad del Poder Judicial en la procuración de la justicia y la democracia deben ser la vanguardia de la estabilidad política y social en Hidalgo. La preservación de la institucionalidad pública y el control de la corrupción de la administración del gobierno se erigen como prioridades para salvaguardar la estabilidad social, por lo que el Poder Judicial debe profundizar las pesquisas de crímenes de cuello blanco que no pueden quedar en el telón de la elección del 2 de junio.
Una de las líneas de investigación no tratadas dentro de la Estafa Siniestra es, sin duda, el arqueo hacia donde migraron los desvíos de fondos públicos. Esta cuestión que condensa la recuperación de lo defraudado al erario público, no termina en los procesos judiciales y encarcelamiento de los servidores públicos involucrados, deben ir más allá.
El Poder Judicial en la Estafa Siniestra debe develar sus implicaciones públicas y utilizar la inteligencia financiera para recuperar lo defraudado al erario de Hidalgo.
