Hace unas semanas trascendió a nivel nacional un presunto conflicto de intereses que apuntaba a una constructora hidalguense, y con información distorsionada se aseguró que ésta habría incurrido en actos de corrupción involucrando a funcionarios públicos del gobierno estatal.
Entre el mar de casualidades que rodean este escándalo se encuentra el hecho de que los medios de comunicación locales que tuvieron “la primicia” son propiedad de personajes que han labrado gran fortuna a través del negocio de constructoras, en el que fueron favorecidos por administraciones anteriores por dos motivos: buena publicidad o presión para lograr beneficios.
A colación viene que diversos sucesos violentos fueron perpetrados en los fraccionamientos que fueron construidos en pasadas administraciones en los límites de la entidad, y por lo cual el gobernador pidió enérgicamente que se frenaran esas obras en ciertas regiones.
Repentinamente los dueños de constructoras y diarios se ven preocupados por la falta de transparencia en los permisos de construcción y en la calidad de las casas habitación cuando, por cierto, son ellos quienes han entregado las peores obras en el estado.
Se trata de una cacería de brujas que pretende hacer suficiente presión para sacar del mercado a su rival: Inmobiliaria SYLMA, que pertenece a la hermana del secretario de Medio Ambiente del Gobierno de Hidalgo, lo que sumado a un cauteloso manejo de datos produce una bomba mediática suficiente para causar alarma y furor.
Entre los datos manipulados se encuentra el nombre del dueño de la casa, Rafael Ávila, quien no ha presentado ningún reclamo; el denunciante es Leonardo García, quien renta la vivienda y por ende posee menores derechos, pero quien además desde 2015 ha orquestado una campaña mediática de acoso y difamación buscando lo que parece tienen planeado que es la afectación de la empresa rival.
Además, las fechas en que se denuncia el abuso de poder no coinciden con los beneficios, por lo que también se deduce que el equipo de investigaciones de dichos medios no ha logrado generar información suficientemente confiable para la jugada planeada.
Ayer Silvia Rico Moreno, dueña de la constructora SYLMA, ofreció una conferencia de prensa en la que exhibió pruebas fotográficas donde se muestra que la denuncia que circuló en medios de comunicación pertenece a una propiedad diferente a la rentada por Rafael Ávila.
A esto se suma el hecho de que la constructora en cuestión afirma nunca haber sido beneficiada por gobiernos estatales o municipales ni recibir contrato de obra pública alguno, así como el que Marco Antonio Rico Moreno, hermano de la dueña, no era funcionario en la fecha en que se otorgaron los permisos de construcción ni es dueño o socio de ella.
Respecto a la denuncia por difamación, se declaró que fue interpuesta por la campaña emprendida por Leonardo García, lo cual es un derecho inherente a cualquier persona, como lo es la dueña de la Inmobiliaria SYLMA.
Con un juego mediático se pretende sacar provecho mercenario a favor de intereses que se esconden detrás de Leonardo García y que son publicados en ciertos medios hidalguenses justo en el gobierno de quien les ha retirado prebendas mesiánicas.
En todo caso, más que tratarse de una pelea por la honestidad y honorabilidad, parece que es una lucha de grupos poseedores de poder económico que pretende destrozar a quien consideran un rival peligroso en el mercado, por lo que no paran y recurren a todo lo que les puede permitir el dinero. Usted saque conclusiones.
