Después de ver los resultados de la votación para elegir a los congresistas distritales de Morena en el estado de Hidalgo, es evidente para el grueso de la población que existen políticos profesionales y políticos amateurs. Los primeros son personas que no solo utilizan los medios argumentativos y los alardes como herramienta de persuasión social, de exhibición de inteligencia y de capacidad en la materia, sino que utilizan a los aparatos represivos e ideológicos del Estado para lograr sus cometidos; mientras que los segundos son personas que han olvidado que el proyecto histórico de nación viene desde arriba, desde la aristocracia económica, mediática y sistémica.
La democracia mexicana no es una democracia que se estructure desde la base social hasta la cima del poder, sino al revés: se construye desde el gobierno hasta los ciudadanos.
El primer ayuntamiento que se formó en México fue el de la Villa Rica de la Veracruz, sin que hubiera municipios – el primer gobierno sin pueblo –, y una vez consumada la caída de Tenochtitlan, el gobierno virreinal se estableció sin pueblo que gobernar, solo con población indígena sometida a la fuerza, hasta que décadas después se dio el mestizaje y hubo una población que adoptó los modos y las creencias de ambos mundos.
A cien años de la conquista, se frustró la revolución social de Morelos, se dio la independencia de México, y el 4 de octubre de 1824 (con la publicación de la Constitución) comenzó a darse la conciencia de la mexicanidad con la verdadera fundación del estado mexicano, pero todavía en manos de peninsulares y de la Iglesia católica; y fue a mediados de siglo que el presidente Juárez procuró la soberanía y la identidad nacional de México, pero de nuevo desde el gobierno hacia la gente, con la llamada República Restaurada.
Es decir, primero se hizo el Estado y luego el pueblo: se transitó de una burguesía a otra. La Revolución Mexicana no fue la excepción, pues las fuerzas vencedoras reafirmaron la identidad nacional mediante la promoción del desarrollo social basado en los artículos 3, 27 y 123, pero fue otra demostración del proyecto histórico de la nación que va del gobernante al gobernado. Pasó lo mismo con el derecho del voto para la mujer, con el otorgamiento de la ciudadanía a los jóvenes de dieciocho años, con las representaciones plurinominales, con la creación de los tribunales electorales y con otras causas.
No es el pueblo quien ha hecho la democracia: fueron y siguen siendo sus gobernantes. Por eso es una democracia autoritaria donde, hoy por hoy, son políticos los que dirigen la mayoría de los movimientos populares, y por lo que ninguna conquista social llega a los que más las necesitan.
La democracia que se alcanzó en México en el año 2000, 2012 y 2018 con las alternancias partidistas no son democracias que vengan de los deseos más íntimos del pueblo, sino que se gestaron y decidieron desde la cúpula del poder. En ninguna alternancia se ha instalado un poder que sea ajeno a los grandes empresarios, al alto clero católico y al vecino del norte; es la democracia de los medios, de la prensa militante, del aparato de comunicación social del sistema, la que impide que la población vea una democracia ficticia, una democracia de la sociedad civil y no del pueblo.
La democracia que se vive en México es una democracia legal toda vez que satisface los imperativos técnicos de la norma, pero también es una democracia que se apoya en inteligencias serviles, en medios de comunicación, en la mercadotecnia, y que no es hecha por el pueblo: ninguna campaña es pensada o trabajada por un ciudadano clasemediero más, sino que es planeada, dirigida y ejecutada desde los círculos superiores, invisibles y formales del poder, para dar un triunfo electoral a élites (económicas y políticas) que se sometieron por técnica de poder, es decir se trata una plutocracia de competencia procedimental.
México sigue dominado por las mismas fuerzas políticas que a principios del siglo XX y el pueblo sigue esperando que desde la cima del poder se resuelva la corrupción, la inseguridad y la impunidad, cuando las causas de estas élites no son las de los gobernados.
Lo cierto es que, como siempre, con la última alternancia federal, nada cambió y todo sigue igual… hubo un cambio de imagen, de dialéctica, de actores, y de entretenimientos mediáticos para que la parte pasiva de la dicotomía del poder sintiera una renovación.
Dice el artículo 39 de la Constitución: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste […]”. Donde desprendemos que el poder debiera de ser legítimo tanto por origen como por contenido. Por origen debería de nacer de la voluntad común y por contenido, por sus fines, que son las atribuciones que dotan de sentido al ejercicio del poder, es decir, el bienestar social.
Pero el gobierno que no solo no emana de la voluntad popular, sino que se ha hecho a partir del miedo a la sanción y de necesidad de la prebenda y que es aquel que ha quedado supeditado a su funcionamiento por considerar que es legítimo lo que es legal (legitimidad jurídica) reduce el derecho, ahora sin finalidad social, a un procedimiento.
Por: Iván Mimila Olvera
Abogado y asesor en materia constitucional y autor de los libros "Cuestionario de Derecho Constitucional" y "Cuestionario de Derecho Constitucional de los Derechos Humanos". Actualmente es litigante en activo y asesor de diversas organizaciones de la sociedad civil.
