El modelo ampliamente represivo de Estado del gobierno de Nayib Bukele en el Salvador ha causado conmoción social por el quiebre y violación a los derechos humanos que ha infringido un trato indigno a los reclusos en las cárceles de ese país, conmoción que ha suscitado una profunda revisión a nivel internacional de las implicaciones humanas de caso.
En Hidalgo, un problema de forma y fondo lo implica el hacinamiento de los centros de reinserción social, el presupuesto y la cantidad de personal operativo, donde la reclusión social experimenta diferentes condiciones y amenazas sobre los derechos humanos de los reclusos que exigen -de manera expedita- una reorientación del modelo carcelario, así como una planeación de los recursos para garantizar las condiciones de equilibrio humano que plantea la reclusión por delitos de diferente magnitud y su saneamiento social.
En este escenario, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum con la modificación del artículo 21 de la Constitución para ampliar los márgenes de actuación legal y, con ello, dar cauce a mayores formas de control y equilibrio de protección ciudadana, se suman a la entronización de la prevención del delito y sus procesos de readaptación social en los centros de reclusión. Condiciones todas que deben permitir reforzar en Hidalgo las medidas que garanticen la disuasión del delito y la preservación de los derechos humanos de quienes delinquen.
En este epicentro álgido sobresalen anomias de todos tipos en los centros de reinserción social en las diferentes latitudes donde se encuentran los penales en Hidalgo; en ninguno de los casos las realidades son uniformes ni simultáneas, por lo que la complejidad de su realidad debe atender a nuevas formas de implementación de investigación y protocolos que permitan entender y responder a las necesidades particulares de estos espacios.
El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, ha desmentido las versiones que aluden al “autogobierno” en los centros de reclusión en Hidalgo. Sin embargo, ha reconocido el hacinamiento producto de la sobrepoblación, así como la carencia de custodios, condiciones que no son nuevas y que, de una vez por todas, merecen una solución integral que permita dar cauce efectivo a la instauración del lema gubernamental “primero el pueblo”, porque los reclusos, indudablemente, también lo son.
La capacidad de respuesta a los problemas de seguridad pública mantiene correlación con los centros de readaptación social, ¿cómo se puede pretender disminuir la delincuencia sin que haya un trato acorde a derechos humanos en los centros de reclusión del país?
No es admisible la inoperancia de los protocolos de seguridad pública que han primado por décadas en los gobiernos del antiguo régimen y que llevaron a una inercia exponencial de la beligerancia de grupos delictivos en la nación; por ende, Hidalgo se encuentra dentro de un espectro de oportunidad gubernamental dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para implementar un diseño de sistema en los centros de readaptación social, cuyas fases de control y depuración de sus problemáticas puedan ser la cereza del pastel que ha faltado y que dejaron las administraciones del antiguo régimen como tarea pendiente.
No podemos caer en el esquema indolente, criminal, represivo y autoritario que presenta el modelo carcelario de Nayib Bukele, que viola cualquier precepto de dignidad y derechos humanos.
Los métodos de readaptación social deben evolucionar en los reclusorios, dando el salto cualitativo a la depuración de la corrupción e impunidad que han primado históricamente para que suspicacias como el “autogobierno” no constituyan una discusión de forma y fondo, sino sólo una quimera, como señala el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri.
