2024 ha sido un año de aguda crisis hídrica; Hidalgo se sobrepone a las carencias de una planificación del uso y sobreexplotación de los recursos naturales que por décadas pavimentó la abundancia de los negocios privados y de los negocios privados con fachada pública, carentes de escrúpulos y regulación legal donde los particulares enquistaron el aprovechamiento justo y legal del agua.
Los cuestionamientos que tuvo que enfrentar el gobierno de Julio Menchaca frente a la crisis del agua enrarecieron el clima social que protagonizó innumerables desencuentros con autoridades públicas de diversas dependencias del Gobierno de Hidalgo, develando una problemática añeja, cuyas dimensiones atendía a una fase jurídica-técnica, apropiación privada de los recursos naturales y en particular del agua, anquilosamiento de la infraestructura hídrica, así como contubernios y corrupción que afianzaron pesquisas en CASSIM.
En este plano, la presión hídrica se convirtió en este 2024 en presión política para el gobierno de Julio Menchaca. El deterioro ecológico del país fue uno de los puntos centrales en los debates presidenciales y le aseguró a Claudia Sheinbaum una respuesta ciudadana favorable a su candidatura, cuestión que advertía los focos de alarma social en el país.
En esta atmósfera, los cuestionamientos sobre la regulación del agua como derecho humano han empujado, materialmente, a la recuperación del agua como propiedad de la nación, ya que cerca del 90% está en manos privadas y ello ha establecido una cadena de valor privada la cual en diversos casos ha creado enfrentamientos sociales, los cuales no son admisibles en ninguna parte del planeta. La presidenta Sheinbaum Pardo ha caracterizado el derecho del agua para consumo humano como prioritario y los planes hídricos tendrán un sesgo hacia la calidad, equidad y redistribución del suministro a la ciudadanía.
En este escenario, el uso industrial del agua se determinará con una racionalidad de aprovechamiento y reciclaje con nuevos parámetros normativos, basado en diagnósticos de recuperación del líquido y de impacto ambiental que, en Hidalgo, la Semarnath ha entrado en las lógicas del nuevo marco jurídico que habrá de imperar en el país.
Como cuestionamiento de fondo al aprovechamiento y uso del agua para consumo humano no se podrá superponer los intereses de mercado sobre los de la ciudadanía, condición que presagia una batalla jurídica importante, donde el Poder Judicial deberá ser el rostro de la moralización y ética pública por el cual el gobierno de la 4T dio un golpe en la mesa desde la voluntad del pueblo de México.
En este plano, las presiones de los grandes consorcios industriales que requieren de millones de litros en gasto hídrico tendrán que adaptar su infraestructura a las condiciones técnicas de países desarrollados, porque la verdad en México y el resto de América Latina es que el consumo industrial del agua se realiza de manera indiscriminada, sin reciclaje ni escrúpulos para proteger y preservar el medio ambiente, violando el derecho humano al agua y su aprovechamiento justo.
La configuración jurídica al derecho del aprovechamiento humano como prioridad pública del Estado deberá constituir el mayor de los precedentes legales de la nación. No es admisible ni aceptable que la ciudadanía pague las penurias del abasto racional de agua cuando es el sector empresarial el que deteriora su aprovechamiento en detrimento social, de lo contrario, la presión hídrica seguirá escalando a presión política en Hidalgo y la nación.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
