Ministerios públicos, agentes de investigación, administrativos, entre otro personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), enfrentan procedimientos administrativos por haber presuntamente incurrido en actos de corrupción.
Lo anterior lo informó Raúl Arroyo, titular de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, tras concluir el acto en el que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) presentó la plataforma Abogacía Ética, la cual tiene por objeto promover un adecuado actuar de los abogados.
Precisó que por lo menos una docena de empleados son señalados de faltas administrativas, retrasos en las actuaciones, errores cometidos, entre otras, acciones no relacionadas con dinero.
“La corrupción no sólo es dinero, implica desconocimiento de lo que se está haciendo, si un ministerio público no tiene un conocimiento suficiente cae en actos de corrupción”, expuso.
Las instancias que se encargan de los procesos son: la contraloría interna, la Contraloría del estado y en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Arroyo González explicó que si bien son procesos iniciados, aún no se pueden calificar como actos de corrupción, ya que eso quedará evidenciado cuando concluya la investigación.
Respecto del sistema informático dirigido a abogados, Jaqueline Velázquez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, aseguró que se pretende eliminar la aceptación de beneficios indebidos, así como evitar la obstrucción, el retraso de asuntos de manera injustificada, entre otras acciones.
Hizo extensiva la invitación a quienes laboran en el Tribunal para cumplir con los principios rectores de ética y precisó que al suscribirse en la aplicación, los abogados se comprometen a actuar con ética.
